La administración de Pedro Sánchez cerró el 2023 denegando el permiso de residencia que tenía desde 2007 la activista saharaui Aminetu Haidar, decisión para la que según ella «no hay ningún argumento jurídico». Esta situación proviene de principios de 2022, cuando pidió la renovación anual de dicho permiso, que le fue denegada alegando que había estado mucho tiempo fuera del Estado. Una decisión que fue recurrida, ya que esto se debió al cierre de fronteras debido a la pandemia de Covid-19. Para la respuesta de este recurso tendría que esperar 18 meses para que el resultado fuera una negativa.
Deberíamos recordar que la causa de los saharauis no es la situación más cómoda para este ejecutivo después de haber hecho la mayor traición al Sahara de los últimos 50 años al reconocer la soberanía marroquí de este país. Si no fuera así nos podría pillar de sorpresa, teniendo en cuenta el contraste que supone con la actuación previa sobre el exilio de la oposición nicaragüense.
No es descabellado hacer una comparación de ambos casos si tenemos en cuenta que en ambos se ha llevado a cabo una expulsión con fines políticos. En el caso del país hispanoamericano fueron, en total, más de 300 los exiliados por motivos políticos, casos en los que el gobierno de España les ofreció la nacionalidad. Supondremos que en este caso el ejecutivo sí que estaba profundamente comprometido con la lucha contra un gobierno corrupto y autoritario. Entonces, ¿a qué viene este cambio de actitud con respecto a la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación militar de un régimen político como el de Marruecos?
Por lo tanto, es evidente, como dice Animetu, que «la denegación se trata de una decisión política […] para mí por orden marroquí». Hay una diferencia sustancial entre ambos casos: cuando hablamos del caso de Nicaragua, hablamos de un país para nada alineado con Estados Unidos, mientras que el Estado marroquí es el socio preferente de este en el norte de África, además de un comprador de armas tanto españolas como estadounidenses desde hace mucho tiempo. A fin de cuentas, siempre iba a resultar mucho más cómodo para un gobierno oportunista como el de Sánchez implicarse con lo que no le va a traer ningún inconveniente. Más cuando el PSOE ha demostrado que tiene alguna relación con la dictadura alauita, como para estar trabajando para siempre ceder y dejarse humillar por esta mientras está en el gobierno.
Vimos todos un panorama parecido con la guerra de Ucrania. España enviaba armas a Ucrania y aplicaba sanciones a Rusia, independientemente del efecto que tuviese eso sobre nuestra calidad de vida y nuestra economía, mientras Marruecos invadía impunemente a muchos menos kilómetros de nuestras fronteras. No veremos al líder del ejecutivo «más progresista de la historia» visitar personalmente el Sahara ni criticar a Mohamed VI con la misma fuerza que criticaba a Putin. ¿No son todas las invasiones igual de condenables? Pues realmente depende de cómo le venga políticamente al PSOE, lo que no podemos confundir con cómo les viene a los españoles, si no, no dejaría en entredicho las relaciones con Argelia, nuestro principal proveedor de gas, justo en el momento en el que más lo necesitábamos ni le vendería armas al régimen alauita mientras que este presiona con la inmigración y exige Ceuta y Melilla, lo que al menos debería de despertar alguna preocupación al ejecutivo.No hablamos de un presidente que se interese genuinamente por la justicia, la democracia o la soberanía nacional de ningún país, ni siquiera del suyo. Hablamos de un presidente que defiende los intereses de su dueño yanqui y, en última instancia, los suyos propios. Por este motivo estamos acostumbrados a ver cómo se comprometen con situaciones como la guerra de Ucrania, que está a miles de kilómetros, pero no con lo que pasa al otro lado del estrecho, ni aunque se trate de un pueblo al que España le debe muchísimo más que cuatro permisos de residencia, porque la pose es gratis y el compromiso es muy caro.
