La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Bomvoyage’, ha detenido a 13 personas e investigado a otras seis pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes GECCO), así como de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó posibles irregularidades en la gestión de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo a través de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) de una empresa agrícola ubicada en de Hellín (Albacete).

Continuando con las investigaciones se pudo averiguar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado y que los seleccionados habrían pagado entre 4.000€ y 6.000€.

Asimismo, los agentes pudieron constatar que, una vez que llegaban a nuestro país, si los inmigrantes no querían cumplir el contrato o no querían regresar a su país, la organización les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa.

Para ello, la organización les cobraba entre 4.000€ y 12.000€. De esta manera aprovechaban la legalidad de la introducción de las personas para hacerlo de forma ilícita. Se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos tres años.

Asimismo, para aquellos que sí querían trabajar, les explotaban laboralmente, ya que la organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina, quedando el salario en apenas 200€ mensuales.

Igualmente, les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones.

Por otra parte, la organización también hacía negocio con los alojamientos de estos inmigrantes, alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas.