Dinamarca puede considerarse un país modelo. Tiene el segundo PIB per cápita más alto de la Unión Europea, una renta media entre las más altas del mundo —además de estar equitativamente distribuida—, tiene una muy baja tasa de paro y un gran y eficiente Estado de bienestar. 

Los propios daneses califican su estado como estable, eficiente y bien organizado, donde se registra una alta participación de los ciudadanos en cuestiones políticas. Desde 2019 el país está presidido por la socialdemócrata Mette Frederiksen, reelegida en 2022.

Desde el comienzo de su mandato se han mantenido las políticas anti-ghetto que fueron implantadas cuando el partido socialdemócrata estaba en la oposición, incluso se han endurecido siendo la medida más llamativa o polémica la política de demoler barrios enteros en los que hay un porcentaje elevado de ciudadanos «no occidentales».  Es una medida política que cuenta con gran apoyo en el país, pero también con cierta oposición por parte de algunos sectores de la población. Algunos organismos internacionales también se están mostrando críticos con esta política.

Pese a la excelente situación social y económica del país, en los últimos años está experimentando un incremento de la desigualdad y la inseguridad.  Pensándose que esta situación puede estar en parte relacionada con la existencia de guetos; barrios donde viven familias con menores niveles de renta y cuyo origen suele ser extranjero, especialmente de culturas no europeas. En realidad, los estudios prueban que mayor desigualdad —medida con el índice de Gini— implica mayor inseguridad. En los últimos años este índice, que está entre 0 —absoluta igualdad— y 100 —supuesto extremo en que toda la riqueza estuviera en manos de un individuo— en Dinamarca ha pasado de 22 a 25.

El gobierno danés plantea la tesis de que la existencia de barrios con alta concentración de inmigrantes no favorece la integración en la sociedad. La ley dicta que en los vecindarios donde un 50% o más de los habitantes sea de origen o ascendencia «no occidental» y además se cumplan dos de estas condiciones:  bajos ingresos, baja educación, alto desempleo y un alto porcentaje de residentes con antecedentes penales, la proporción de alquileres sociales debe disminuir hasta el 40%.  

Se defiende que las zonas con alta concentración de este perfil, que en algunos barrios puede alcanzar el 80%, se convierten en áreas de pobreza de las que no se puede salir. Ello imposibilita que las nuevas generaciones salgan de ese círculo de pobreza y que impide la igualdad de oportunidades. 

Teóricamente esa redistribución redundaría en una mayor igualdad. Las autoridades critican también que, pese a recibir ayudas, no hay una vocación de integración con la cultura danesa y que el hecho de que haya grandes comunidades de un mismo origen no occidental o «sociedades paralelas religiosas y culturales» —eufemismo usado por los medios daneses para no hablar de guetos— no facilita que cambie este comportamiento. Los habitantes de estas zonas critican que, precisamente, fue el propio gobierno quien les alojó allí y la concentración venía de la propia administración, que ubicaba a estos colectivos en zonas concretas al ofrecerles una vivienda social.

La realidad y en lo que se traduce esta medida es en la demolición o el vaciado de los apartamentos o pisos donde viven estos «inmigrantes no occidentales». Se estima que 4.000 pisos de vivienda pública serían demolidos o vaciados. A los residentes desplazados se les ofrecen alternativas de vivienda pública en otros edificios o barrios. Un proceso cuyo plazo de vencimiento es el año 2030.

En la teoría puede ser un buen planteamiento: que haya una mayor mezcla y evitar los guetos, y que se fomente que los barrios se conviertan en «áreas residenciales mixtas», pero detrás de esta medida se han alzado algunas voces críticas ya que estos pisos demolidos o vaciados se venderán a inversores privados. O bien se construirán o mantendrán como viviendas también sociales, pero destinadas a otro perfil como estudiantes o personas con empleo y una cierta renta, lo que se ve como cierto movimiento especulativo y de gentrificación.  

También puede suponer una pérdida de viviendas sociales porque, aunque se indica que estas personas desalojadas tendrán otras opciones habitacionales, no queda claro si se construirán nuevas o realmente es una efectiva reducción del nivel de cobertura social que tradicionalmente ha ofrecido el país.  En cierta manera, para algunos sectores se ve como un racismo encubierto. Por su parte, los colectivos afectados indican que es tratarlos como ciudadanos de segunda clase, planteándose presentar recursos ante el Tribunal Europeo de Justicia. 

Estas medidas tienen un alto componente político y electoralista. Ya que los socialdemócratas han perdido apoyos y por el contrario el partido popular danés —que nació en los noventa y que como parte de su programa y motivador de su creación tiene la protesta contra la inmigración— está ganando popularidad y seguimiento.

Esta medida, puede tener el fin de atraer votantes que están en contra de este tipo de inmigración, más que una auténtica preocupación por la desaparición de los guetos. Según politólogos de la Universidad de Copenhague, las políticas migratorias han tenido un peso muy importante en la elección del gobierno en los últimos 20 años.