El pasado martes 14 de noviembre el Senado Francés ha aprobado la nueva Ley de extranjería. En diciembre se debatirá en la Asamblea donde Macron, recordemos, está en minoría. Desde 1980 llevan en el país vecino unas 30 reformas de las leyes de inmigración, unas 100 si contamos desde 1945.

Es un tema recurrente en la política europea desde los procesos de descolonización de mediados del siglo pasado y de las malas políticas migratorias que durante décadas han aplicado gobiernos de todo color.

El texto que irá a la Asamblea Francesa en diciembre tiene un poco de todo: medidas para endurecer la llegada y establecimiento de nuevos emigrantes, contra la delincuencia, procesos de integración… aderezado con el loable e improbable horizonte de contentar a todos los interesados.

Entrando en materia, hay que decir que respecto al control de flujos en las fronteras, la propuesta sigue descargando la responsabilidad en la UE y en tratados con los países emisores. En realidad nada nuevo, seguirá la dura dinámica de las pateras. Se  agilizarán los trámites de asilo y expulsión.

También introduce algo muy demandado por la sociedad: cambios en la ley para poder expulsar a quienes cometan delitos, eliminando las facilidades que tenían por ejemplo los que llegaron a Francia con menos de 13 años, que no podían ser expulsados. Ese fue el caso del islamista que apuñaló a un profesor al norte del país. Según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, estas reformas permitirán expulsar a 4.000 delincuentes extranjeros cada año.

Los matrimonios, a veces concertados y forzados y la reagrupación familiar son las principales vías de regularización y entradas legales. Esta reforma pone normas para evitar los matrimonios fraudulentos o abusivos, fenómeno que va en aumento tanto respecto a matrimonios celebrados en Francia como en el extranjero.

Se endurecen las condiciones para el asilo y la reagrupación familiar y se suprime la nacionalidad automática para los hijos de padres extranjeros nacidos en Francia.

En los procesos de residencia se exigirán también condiciones de asimilación, como hablar francés y respetar y conocer los valores republicanos. Esto es importante aunque existen ya grandes bolsas culturales en el país donde ni se habla francés ni se tiene el más mínimo respeto por esos valores.

La propuesta que ahora aprueba el Senado francés va por el buen camino, aunque viene tardando, deja en el tintero algunos temas importantes, quizá por polémicos, como la masificación por barrios, el desarraigo cultural, y la delincuencia organizada, entre otros.

En general se echan de menos medidas encaminadas a normalizar la incendiaria situación interior: actuar contra la formación guetos y devolver el control policial a todo el país. El trabajo es el gran vector de integración, con la necesidad de suprimirse las pagas incondicionales a cambio de oportunidades de empleo y formación. En general, las medidas de la nueva Ley se pueden calificar con tres palabras: tardía, tímida y precaria.

Todavía queda por ver, si se aprueba en la Asamblea, cómo reacciona la sociedad francesa. Parte de la izquierda y desde luego las ONG, se oponen a cualquier endurecimiento de las condiciones de acogida. Se plantean el asunto como el avestruz, negando el problema e ignorando las consecuencias a futuro que este modelo migratorio va a tener sobre todos nosotros. También habrá que ver cómo reaccionan los banlieue (suburbios) o los grupos radicalizados o los de extrema derecha: los otros actores.