El Gobierno español ha vuelto a colocarse en el centro del debate internacional al adjudicar a la tecnológica china Huawei un contrato para gestionar el sistema de almacenamiento de escuchas judiciales en el Ministerio del Interior. La decisión, aunque respaldada por informes técnicos y certificaciones de seguridad, ha encendido las alarmas tanto en Washington como en Bruselas, donde se teme una vulneración potencial de los principios de seguridad e integridad de los datos compartidos con España.
Un contrato polémico: 12 millones para datos ultrasensibles
Huawei suministrará los servidores que gestionarán las comunicaciones interceptadas con autorización judicial en investigaciones policiales. Aunque el Gobierno defiende que los equipos operarán en sistemas cerrados, sin conexión a redes externas, varios países aliados consideran esta adjudicación un riesgo geopolítico y de ciberseguridad. El contrato está valorado en 12,3 millones de euros y no fue impugnado legalmente, pero su contenido ha provocado tensiones diplomáticas de alto nivel.
Estados Unidos amenaza con cortar la cooperación
Diversos congresistas estadounidenses, incluidos miembros de los comités de inteligencia del Partido Republicano, han solicitado al director nacional de Inteligencia revisar todos los acuerdos de intercambio de información con España. Consideran que, dada la legislación china, Huawei podría verse obligada a colaborar con los servicios secretos de Pekín.
Según medios estadounidenses, la Casa Blanca estaría valorando restringir el flujo de inteligencia compartida con España, lo que afectaría a la cooperación militar, policial y tecnológica bilateral. Esta reacción llega en un contexto en el que la administración Biden y buena parte del Congreso insisten en aislar a China de las redes de comunicación crítica en Occidente.
Bruselas insiste en vetar proveedores de “alto riesgo”
La Comisión Europea ha reiterado esta semana la necesidad de excluir a Huawei y otras empresas chinas de redes sensibles, especialmente en sectores como el 5G y la ciberseguridad institucional. Varios países del entorno comunitario ya han aplicado esta recomendación, mientras que España ha evitado imponer restricciones formales.
Este nuevo episodio vuelve a poner en cuestión el alineamiento estratégico de España dentro del bloque europeo, justo cuando Bruselas intenta cerrar filas frente a las injerencias tecnológicas de potencias extranjeras.
La defensa del Gobierno español
Desde el Ministerio del Interior se insiste en que la infraestructura de Huawei cumple con todos los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, que ha sido auditado y certificado por entidades independientes. Añaden que el sistema en cuestión no forma parte de la inteligencia del Estado ni tiene conexión con redes externas, por lo que el riesgo sería, aseguran, “nulo”.
La Moncloa atribuye la polémica a un “debate ideológico y geopolítico”, y recuerda que la adjudicación fue resultado de un concurso público, sin intervención directa del CNI ni del Ministerio de Defensa.
Contexto internacional: ¿alineamiento con China?
Desde 2023, el presidente Pedro Sánchez ha estrechado vínculos con Pekín, con hasta tres reuniones con Xi Jinping en menos de dos años. Esto ha alimentado la percepción en Washington de que España adopta una posición ambigua o demasiado complaciente con el régimen chino, especialmente en momentos de tensión entre China y Occidente.
Fuentes diplomáticas advierten que esta decisión puede tener efectos a medio plazo en la confianza entre aliados, no solo en el marco de la OTAN, sino también en organismos de inteligencia como Europol y el Centro de Satélites de la UE.
Con la adjudicación de este contrato a Huawei, el Gobierno español ha priorizado criterios técnicos y económicos frente a las advertencias de sus aliados estratégicos. Mientras EE. UU. y la UE levantan barreras ante la expansión tecnológica china, España opta por una vía independiente que podría comprometer, a ojos de sus socios, la seguridad de datos y la solidez de la cooperación internacional.
