El pasado mes de abril de 2023 se desató la polémica en Valdecaballeros, una pequeña localidad extremeña, debido al anuncio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del derrumbamiento de la presa del embalse cercano a la localidad. Dicha presa fue construida en el año 1982 destinada a la refrigeración de los reactores de una futura central nuclear que por la moratoria lanzada por el PSOE en 1984 nunca se llegó a construir. Sin embargo, a esta presa se le encontraron otros usos, principalmente agrícolas y ganaderos. Hablamos de un entorno muy rural donde los recursos hídricos son clave para el desarrollo de las actividades locales. Las protestas por parte del alcalde y los vecinos de Valdecaballeros no tardaron en llegar, España atravesaba el pasado abril una fuerte crisis de sequía y el derrumbe de la presa hubiera supuesto la ruina para los vecinos de las localidades cercanas. El argumento para la demolición de la presa por parte del ministerio era la finalización de la concesión de la antigua obra de la central nuclear que expiraba este año 2023. Los costes del derrumbe de la presa (cerca de los 10 millones de euros) debían, según la resolución ministerial, correr a cargo de Endesa e Iberdrola, quienes hacía tiempo ya se habían desentendido de la concesión y del mantenimiento de la presa. Mediante una carta enviada por separado, ambas empresas se negaban rotundamente a hacerse cargo del coste del derrumbe. Ante la presión de los vecinos y el gobierno local, sumándose más adelante a la negativa la Junta de Extremadura y ante la negativa también de Endesa e Iberdrola de costear el derrumbe de la presa, el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido en ese entonces por Teresa Ribera, dio marcha atrás a la orden de demolición quedando las labores de mantenimiento y el estado de la presa en manos de la Junta de Extremadura.
Después de estudiar en profundidad el caso de la orden de derrumbe de la presa de Valdecaballeros cabe preguntarse si la gestión de los recursos hídricos en España se hace para favorecer a los ciudadanos y a las actividades locales, mientras se mantiene un equilibrio con el ecosistema, o por el contrario estos recursos están supeditados a las órdenes arbitrarias de políticos que proceden a cometer todo tipo de negligencias reculando únicamente ante las negativas de empresas multinacionales. De hecho, el caso de Valdecaballeros solo es uno de muchos otros: sólo en el año 2021 se derribaron en España más de 100 estructuras de contención y almacenamiento de agua, la mayoría de ellas azudes de pequeño tamaño. Desde diversos grupos ecologistas como WWF o Greenpeace afirman que estas estructuras están en desuso y que muchas de ellas generan un impacto negativo sobre los ecosistemas, en concreto sobre la fauna y la flora fluvial. Por el contrario, grupos de expertos en la materia como la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguaiuris acusan a estos grupos ecologistas de ser cómplices de un proceso cada vez mayor de privatización del agua. La experta en derecho de aguas Pilar Esquinas afirmó en varias ocasiones y en distintos medios que la intencionalidad detrás de la destrucción de la infraestructura de contención del agua es privar cada vez más a los usuarios del libre acceso al agua. Esto incluye a pequeñas explotaciones agroganaderas, consumidores particulares o pequeñas empresas que en la mayoría de ocasiones representan la solidez del tejido económico de muchas de las localidades rurales afectadas. Los grandes beneficiados de este impacto en la red nacional de presas serían las multinacionales interesadas en obtener los beneficios del control de los recursos hídricos. Hay que tener en cuenta que estos recursos además de para las actividades agroganaderas son claves para industrias de todo tipo, pero en especial para la de la energía hidroeléctrica, esta energía es la segunda fuente renovable de generación eléctrica en España.
Ya hace décadas que el campo español está cada vez más en decadencia. Diversos grupos de agricultores y ganaderos coinciden en que la gestión del agua es una de las causas. España es un país montañoso, los ríos descienden en pendientes pronunciadas, esto hace que las cuencas fluviales se vacíen muy rápido y que los caudales aumenten de golpe por periodos, lo que produce en muchos casos sequías precedidas de inundaciones. Son precisamente las infraestructuras de retención como las presas las que actúan como método preventivo para estas fluctuaciones. Esto permite mantener un equilibrio enorme que, en contra de lo que dicen los grupos ecologistas, ayuda precisamente a preservar los ecosistemas, evitando grandes daños producidos por las inundaciones que afectan gravemente a la flora y a la fauna, además de generar enormes daños a las infraestructuras locales y pérdidas económicas para los habitantes de los lugares donde se producen;ñ. Cuando una región pasa por un periodo de sequía, la tierra tiende a endurecerse y a perder capacidad de filtrado, produciendo que cuando esa región recibe una enorme cantidad de agua la tierra sea incapaz de absorberla, que queda flotando en la superficie. Los pequeños agricultores en particular se ven especialmente afectados por estas crecidas de los ríos, estos colectivos llevan años en pie de guerra contra la pésima gestión que desde el Estado se hace de los trasvases de agua, beneficiando a grandes empresas y cediendo a presiones, en muchas ocasiones absurdas, de lobbies ecologistas, pero cuando hablamos de presiones sobre la cuestión del agua es inevitable hablar de la Unión Europea.
El empeño por parte del gobierno de España durante estos últimos años en desmantelar estructuras de retención fluvial no se podría explicar sin las presiones que se aplican desde Bruselas, existe una coalición de siete organizaciones ecologistas, la Dam Removal Europe. Esta organización, amparada por la mismísima Ursula von der Leyen, es el principal grupo de presión para la destrucción de presas en los países de la Unión Europea. Según esta organización la destrucción de presas es clave para la recuperación de los ecosistemas y cauces fluviales; sin embargo estos argumentos no están respaldados por un gran número de expertos que consideran que muchas de estas medidas de destrucción de infraestructura son completamente arbitrarias y no tienen ningún amparo científico más allá que los caprichos de estos lobbies. Hay quienes afirman, incluso, que detrás de estas acciones hay intereses mucho más oscuros relacionados con un proceso de privatización del agua en manos de multinacionales y sociedades de inversión como Blackrock. Dicha sociedad es conocida especialmente por su especulación en el mercado inmobiliario, y lleva ya muchos años realizando inversiones en el mercado del agua especulando también con dicho recurso. Sin duda este tipo de movimientos resultan inquietantes y hacen que nos preguntemos ¿En manos de quién está la soberanía sobre nuestros recursos hídricos nacionales?