En otoño de 2021 las fuerzas especiales del ejército mexicano mataron a 400 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e hicieron desaparecer los cuerpos en fosas clandestinas con ayuda de un cártel local. La colaboración del ejército con distintos grupos criminales no es novedad en México, un ejemplo es la alianza entre estas dos fuerzas antagonistas durante el ataque del CJNG en Michoacán. 

A raíz de la gran repercusión internacional que recibió la ofensiva del CJNG en la frontera entre Jalisco y Michoacán, el gobierno se vió forzado a tomar una decisión alejada de los Derechos Humanos. Esta decisión colocó en una situación incómoda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien apuesta por una política de «abrazos, no balazos». Uno de los grupos locales se ofreció para hacer desaparecer todos los cuerpos y pruebas que pudieran resultar incómodas de explicar para la dirección política del país. Fue así como el ejército mexicano empezó a atacar a los jefes criminales locales. 

El CJNG sufrió cientos de bajas en la zona de Taixtán y Tepalcatepec, pero esto no supuso más que un inconveniente para los narcos, ya que en palabras de uno de los líderes regionales, entrevistado por el medio Animal Político, «siempre hay reposición humana».

El CJNG retomó la ofensiva esta vez desde distintos frentes e incluso atacando a militares, como fue el caso del ataque de la Base de la Guardia Nacional en Vistahermosa, donde el cártel movilizó a 40 camionetas repletas de hombres.

Pero el escándalo no acaba aquí, esta situación es sólo una de las ramificaciones que tiene la política de Lopez Obrador frente a las organizaciones narcoterroristas. Después de entrevistar a más de 80 funcionarios de las FFAA, el informe realizado por International Crisis Group asegura que el descenso de la criminalidad en ciertas zonas del país se debe a que México ha decidido dejar a los narcos campar a sus anchas en lugar de confrontarlos. De esta manera bajan los índices de tiroteos y asesinatos al no existir un enfrentamiento por el monopolio de la violencia, que queda cedida al narco.

El informe también explica que desde el gobierno existe una presión sobre los funcionarios de morgue y otras profesiones relacionadas para que no reporten ciertas muertes, con el fin de bajar la tasa de homicidios de forma nominal. El empleado de una de las morgues más importantes de la región aseguraba que “cuando recibimos cadáveres de personas que claramente habían sido asesinadas a tiros o habían recibido golpes de gracia, a menudo se los calificaba como muertes accidentales”. Por esta misma razón la cifra de muertes se ha reducido pero la de desapariciones no. Esto lo atestigua un miembro de un cártel local de Michoacán, quién comentó que tuvo que “lidiar” con un caso en el que sus hombres violaron a una menor de edad.

El crimen organizado siempre aspira a aumentar sus beneficios a cualquier coste y en muchas ocasiones el Estado es un estorbo. La violencia entre el Estado y los grupos paraestatales es una parte ineludible de la consolidación de cualquier gobierno, por lo que la táctica seguida por AMLO es la confrontación. Si se permite que el narco deje de ser un elemento marginal y separado del Estado oficial para convertirse en uno de sus apéndices, lo único que conseguirá México es convertirse en un narcoestado, si es que no lo es ya.