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Gabriel Boric y la inmigración

«A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar». La frase no es de un líder de la extrema derecha, sino del nuevo mirlo blanco de la izquierda latinoamericana, el presidente de Chile Gabriel Boric. Boric,  que inició su mandato con 36 años y, por lo tanto, es el segundo presidente más joven en la historia del país, representa el ascenso al poder de una generación que irrumpió en la política en 2011, a raíz de las manifestaciones estudiantiles que exigían educación gratuita y de calidad. 

Logró ganar las elecciones después del gran estallido social del 2019, aupado por las promesas de ruptura con los antiguos partidos del sistema chileno. Sin embargo, el gobierno de Boric ha tenido un desgaste vertiginoso, confirmado en un sonoro varapalo electoral cuando su nuevo proyecto de constitución para el país fue rechazado por un 62% de la población, el pasado año 2022.

Boric ha endurecido el mensaje antiinmigración, ya que la derecha ha conseguido vincular el nuevo redactado de la constitución, que volverá a votarse el próximo 17 de diciembre, con la preocupación por la delincuencia y la inmigración tras una serie de sonados casos que han tenido a extranjeros como protagonistas: el ataque contra un policía utilizando una granada, el asesinato de un conductor de una aplicación de transporte en Santiago, o el tiroteo que acabó con un hombre acribillado en Estación Central. 

Y así, Boric ha tenido que claudicar, ordenando que se detenga y expulse en un período de cinco días a aquellos inmigrantes irregulares que tengan órdenes de detención pendientes; algo que choca con la mentalidad de sus votantes, que no quieren escuchar nada que suene a recorte de derechos. Además, al presidente chileno se le ha abierto otro frente con el vecino Perú. La crisis migratoria tensó las relaciones diplomáticas entre los dos países cuando, el pasado mes de abril, unos doscientos inmigrantes sin documentación, la mayoría venezolanos, trataron de cruzar desde la norteña ciudad chilena de Arica a la peruana de Tacna. Esto motivó que el Gobierno de Dina Boluarte decretase el estado de emergencia entre zonas fronterizas, traduciéndose en la restricción del derecho constitucional del libre tránsito de lado de la frontera peruana.  

La tensión escaló cuando el alcalde de Tacna calificó de «innombrable» e «irresponsable» al presidente Gabriel Boric por su gestión en torno a la migración, un debate también muy sensible en el país peruano. Allí, la propia presidenta Dina Boluarte no se ha cortado a la hora de manifestar que:  «quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración”, para además subrayar que «por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones e inseguridad ciudadana». 

Mientras que en Perú las fuerzas armadas se han hecho cargo del control fronterizo, para impedir el acceso de más inmigrantes de manera irregular, el gobierno de Boric no se plantea usarlas a pesar de la presión que sufre el país por pasos no habilitados. Hace unos meses, la ciudad de Iquique fue el escenario de una marcha antiinmigrante que acabó con la quema de colchones y otras pertenencias de venezolanos sin techo que habían entrado de manera irregular. 

A Boric también le llueven las críticas desde España. Uno de sus principales mentores, el ex-vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, y quien dedicó a Boric un programa especial de su podcast cuando este ganó las elecciones chilenas, ha sido especialmente crítico con él . Iglesias, fundador de un partido que es ferviente defensor de las fronteras abiertas, dejó que fuese uno de sus colaboradores, el filólogo Manu Levin, quien pronunciase las palabras más duras contra el mandatario chileno y su gobierno, afirmando que: «los discursos en los que intenta, de alguna manera, liderar una pulsión policial y autoritaria frente al problema de la inseguridad y la criminalidad, hablando de emprender una cruzada contra la delincuencia, son una buena demostración de la derrota de la agenda del gobierno y de la izquierda chilena, así como del triunfo de la agenda de la ultraderecha». 

Lo cierto es que en estos países latinoamericanos, y también europeos, los partidos de izquierda han empezado a hablar sin tapujos del problema que supone la inmigración masiva y descontrolada. En España, ese debate ni está ni se le espera. Amparados en el lema de «ningún ser humano es ilegal», tanto el sistémico PSOE como la izquierda posmoderna que supone Podemos, y ahora Sumar, siguen mirando hacia otro lado, mientras las estadísticas de organismos oficiales poco sospechosos de simpatizar con el fascismo nos golpean en la cara una y otra vez. Tal es el caso de las publicadas por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que indican que, actualmente, son 7.991 los presos en Cataluña, de los cuales 3.987 son ciudadanos nacionales (el 49.89%), mientras que 4.004 (el 50.11%) son de origen extranjero, un hecho histórico y sin precedentes en la historia de nuestro país. 

Así que con estos datos cabe preguntarse: ¿Están los partidos de izquierda españoles a favor de que no haya fronteras y, por lo tanto, en contra de la soberanía nacional? ¿Qué connotaciones tendría una inmigración sin límites para proyectos como la sanidad y la educación públicas universales para esas clases populares que tanto dicen defender? ¿Serán capaces de mejorar unas condiciones de trabajo cada vez más depauperadas por el exceso de mano de obra sin derechos, con una economía centrada en la construcción y el turismo? ¿Podría la inmigración descontrolada disparar las estadísticas de delitos y ser la chispa de levantamientos populares, tal y como ha sucedido en Francia, Irlanda, o los propios Perú y Chile? Preguntas y respuestas que siguen en el limbo, mientras en otros países parece que han empezado a responderlas.

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