En la actualidad, los flujos migratorios son cada vez más complejos. La falta de medios, de legislación adecuada y, en muchos casos, de voluntad política para hacer de la inmigración un fenómeno controlado y regulado, ha convertido la cuestión migratoria en un problema en la realidad española. Los sistemas de asilo tradicionales se encuentran desbordados. Europa, como potencia receptora, se enfrenta a un doble dilema: por un lado, garantizar la protección de quienes huyen de la guerra o la persecución; por otro, asegurar la seguridad de quienes ya habitan en su territorio. En otras palabras, ni Europa ni España deberían renunciar a la seguridad fronteriza ni a la estabilidad institucional.
El aumento de la inseguridad en las calles ha generado intensos debates a nivel político y social. No existen soluciones consensuadas: ni todos los ciudadanos ni todos los partidos comparten la misma perspectiva sobre el problema. Como consecuencia, las respuestas que se plantean son múltiples, diversas y, en ocasiones, contradictorias entre sí.
Existen modelos que ya han sido aplicados en otros países, con resultados dispares. Algunas experiencias han sido exitosas; otras, fallidas. Aprender de estas lecciones y adaptarlas al contexto particular de nuestro país resulta imprescindible si se busca dar una respuesta eficaz al desafío migratorio y a sus consecuencias en términos de seguridad y creciente falta de integración. En este escenario, la gestión extraterritorial de las solicitudes de asilo a través de centros de procesamiento en terceros países emerge como una estrategia viable y realista.
La gestión extraterritorial del asilo y la creación de centros de procesamiento fuera del país receptor son estrategias adoptadas por algunos Estados y bloques regionales para externalizar el control migratorio y reducir la llegada directa de solicitantes de asilo o migrantes a sus fronteras. Estos centros, por definición, se ubican en países terceros, habitualmente de tránsito o limítrofes, aunque no necesariamente. Su finalidad es doble: por un lado, examinar si las personas realmente cumplen con los criterios para obtener asilo o refugio; por otro, verificar que no representen un riesgo para la seguridad del país receptor, por ejemplo, mediante la comprobación de antecedentes penales.
Los beneficios de este tipo de centros son diversos. En primer lugar, permiten reducir la inmigración irregular, evitando cruces fronterizos no autorizados. Además de ordenar los flujos migratorios, disuaden las llegadas masivas por vías peligrosas y dificultan la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Australia fue pionera en la implementación de este modelo, que ha servido de referencia para otros países. Conocido como Pacific Solution, el sistema se puso en marcha en 2001 y consistía en trasladar a las personas que llegaban en barco de forma irregular a centros de detención situados en países como Nauru y Papúa Nueva Guinea. El objetivo era disuadir las llegadas y procesar las solicitudes fuera del territorio australiano. Esta política se ha consolidado bajo el programa Operation Sovereign Borders. Desde entonces, cualquier solicitante de asilo que intenta llegar por vía marítima es interceptado y trasladado a uno de estos centros.
El sistema no ha estado exento de críticas. Organismos internacionales, como Naciones Unidas, han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones de vida en estos centros, especialmente en lo relativo a menores y a la duración indefinida de las detenciones. Por su parte, el gobierno australiano defiende que su modelo ha salvado vidas al frenar las rutas marítimas peligrosas gestionadas por redes de tráfico humano.
En la Unión Europea también existen ejemplos de esta estrategia. Destaca el Acuerdo con Turquía de 2016, por el cual ese país contuvo y filtró la llegada de millones de refugiados sirios a cambio de fondos de la Unión Europea. Más recientes son las propuestas de acuerdos con Ruanda y Albania (2023-2024), impulsadas por Italia y el Reino Unido, que planteaban trasladar a miles de solicitantes de asilo a estos países, donde serían evaluados y eventualmente reubicados o deportados.
En el caso concreto del Reino Unido y su acuerdo con Ruanda (2022-2024), los solicitantes de asilo que llegaban de forma irregular al país eran deportados al estado africano, donde cada caso se evaluaba individualmente. Si se aceptaba la solicitud, el beneficiario se quedaba en Ruanda, no en Reino Unido. Este plan generó una intensa controversia legal y política.
Ante una realidad marcada por el aumento de la inmigración irregular y la preocupación creciente por la seguridad y la integración, Europa necesita explorar nuevas vías para afrontar el desafío migratorio. La gestión extraterritorial del asilo es una solución pragmática que permite proteger a quienes realmente necesitan ayuda y defender al mismo tiempo la estabilidad de nuestras sociedades. Rechazarla sin debate es, en última instancia, renunciar a herramientas legítimas para ejercer una soberanía migratoria eficaz y humanitaria.