La patronal ya ha dado el visto bueno al nuevo proyecto de igualdad de Yolanda Díaz. Tras el acuerdo triple entre Yolanda Díaz, los sindicatos UGT y CCOO y la CEOE se ha hecho efectivo esta nueva imposición para las empresas. La Ley Trans, que entró en vigor en marzo del año pasado, recogía en su artículo 15 la obligatoriedad por parte de las empresas de implantar un plan de actuación ante situaciones de acoso hacia las personas del colectivo LGTBI. Este requerimiento tenía 12 meses de plazo para llevarse a cabo y, transcurrido ya ese plazo, toda empresa que no incluya el plan de protección se enfrenta a posibles sanciones que pueden ir desde 200 a 150.000 euros.

Del contenido que debe cubrir este plan de actuación (a falta de desarrollo reglamentario posterior) se sabe que es obligatorio para toda empresa que cuente con 50 o más trabajadores y debe ser resultado de la negociación colectiva entre empresarios y representantes. Además, debe contener un protocolo de actuación para la atención o el acoso contra personas del colectivo LGTBI y debe fomentar la eliminación de estereotipos y la participación de personas LGTBI.  

Esta nueva carga burocrática se impone en un contexto difícil para los trabajadores españoles. Desde la Comisión Europea apuntaban recientemente que la tasa de paro de la economía española sigue doblando el dato medio europeo. Señalaban también la precariedad cada vez mayor en el sector público y entre los jóvenes, haciendo hincapié en la temporalidad de los contratos. Asimismo, mientras los autónomos y pequeños comercios sufren una situación asfixiante, el Tribunal Supremo ha denegado todas las reclamaciones de indemnizaciones de autónomos que tuvieron que cerrar por la pandemia, habiendo resuelto hasta la fecha casi 700 recursos. 

Por otro lado, la subida del salario mínimo no ha ido acorde con la subida del Índice de Precios al Consumo, de hasta un 17,3% con Pedro Sánchez. Las secuelas económicas de la inflación han hecho que los españoles, pese a la subida del límite mínimo salarial, hayan perdido capacidad adquisitiva y sus condiciones de vida hayan empeorado. Por el momento las medidas laborales del gobierno progresista, tan celebradas por las asociaciones de empresarios, no parecen haber mejorado el nivel de vida ni las condiciones laborales de los trabajadores españoles.

Esta nueva medida no presenta novedad alguna a la hora de perseguir posibles agresiones y discriminaciones a personas por razón de sexo u orientación sexual, ya que con la legislación vigente hasta el momento ya se castigaba cualquier infracción de este tipo ocurrida en el entorno laboral. Se trata únicamente de imponer un sesgo ideológico en el seno de las relaciones laborales para favorecer la contratación de personas de un colectivo concreto, aparte de añadir una obligación extra al empresario que nada tiene que ver con la mejora de condiciones de sus empleados. Más allá de las finalidades de esta reforma, lo que está claro es que esta nueva normativa ha despertado especial controversia, consiguiendo silenciar la preocupante situación de depauperación del trabajo en España.