La abolición de la prostitución, exigida por todas las asociaciones y grupos feministas tradicionales, estuvo recogida en el acuerdo hasta el último momento. Incluso el programa electoral del PSOE para las pasadas elecciones generales del 23 de julio se posicionaba claramente: “ni prostitución, ni trata, ni vientres de alquiler. Aspiramos a una sociedad de mujeres y hombres libres, una sociedad justa en la que las mujeres no se compran o se venden, en la que no se comercia con bebés”.
La postura de los socialistas, de corte abiertamente abolicionista hasta ahora y a favor de penalizar a los clientes con multas, cambiaría por la firma de un pacto que, no solo no consolida su compromiso con la mujer, sino que cede cada vez más en lo que a la defensa de sus derechos se refiere. Y es que el Partido Socialista, aunque dejó atrás la abolición de la prostitución en el anterior acuerdo de Gobierno con Podemos en 2019, sí mencionaba la lucha contra las agencias que promocionan y hacen negocio con los vientres de alquiler.
En España, las mujeres en situación de prostitución se encuentran sumidas en la más absoluta alegalidad, ya que el modelo prostitucional no se encuentra regulado, lo que fomenta la clandestinidad de la explotación sexual y la precarización de sus condiciones.
La regulación de las normas y leyes que rigen el ejercicio de la prostitución, habitualmente confundida con el regulacionismo (modelo que justifica su legalización y su práctica como un trabajo), pueden marcarse para su legalización, lo que conlleva su normalización, para la prohibición expresa de su desarrollo o para su abolición, un modelo que considera que la prostitución debe ser derogada de la sociedad como defensa de la dignidad de las personas. Esto contrarrestaría la crítica que se realiza desde posiciones contrarias al abolicionismo, y que argumenta que la abolición comprende la prohibición del ejercicio de la prostitución, lo que llevaría a las mujeres en situación de prostitución a pasar a las sombras, aún más si cabe.
Mantener la prostitución en un entorno alegal choca frontalmente con cualquier política que se quiera implementar contra la trata de personas. El ejercicio de la prostitución en condiciones precarias es una consecuencia de disponer de pocos recursos económicos o de hallarse en contextos de vulnerabilidad, factor que afecta especialmente a los migrantes. Así lo avalan los datos del Parlamento Europeo, que indican que el 70 % de los individuos que desempeñan la prostitución en Europa son mujeres migrantes, y que el 73,6 % de los consumidores que recurren a servicios extranjeros tienen una alta probabilidad de haber contactado con víctimas de tráfico sexual.
Además, el informe sobre la regulación de la prostitución en la Unión Europea del 30 de agosto señala que “no es un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero, sino que se trata de un sistema organizado con fines lucrativos”. Por tanto, regularla para desincentivar su consumo mediante medidas abolicionistas como las primeramente defendidas por el PSOE, entre las que se contaban la prohibición de publicidad o la tercería locativa (sancionar penalmente a los propietarios de los espacios que se lucran con la prostitución), es un refuerzo de la lucha contra la trata de personas.
El cambio de posiciones del Partido Socialista no responde únicamente a cuestiones externas, sino a los juegos de poder del neofeminismo dentro del propio PSOE y a la poca rentabilidad que aporta la adopción de una postura abolicionista en los términos políticos actuales.
Vanessa Palomera.