El primer viernes de este mes, la Corporación Nacional Forestal encargada del control de incendios en Chile alertó de varios incendios en el parque natural Lago Peñuelas en la región de Valparaíso, las altas temperaturas y el viento impidieron a los bomberos frenar la propagación del incendio que acabó expandiéndose hacia el norte, llegando ese mismo día a las comunas de Viña del Mar, Limache y Quilpué.

En la mañana del día siguiente el presidente de Chile, Gabriel Boric, se vió obligado a decretar el estado de excepción por catástrofe. Esa misma tarde el fuego siguió expandiéndose favorecido por el viento, alargándose la emergencia hasta el domingo cuando gracias a las bajas temperaturas los bomberos consiguieron cercar el fuego obligándolo a retroceder, dando por superado el incendio el martes.

La catástrofe nos ha dejado consecuencias desoladoras. Las autoridades chilenas cifran los muertos en 131 personas, 35 desaparecidos y alrededor de 6.000 viviendas afectadas, llegando a destruir 9.000 hectáreas de terreno. Ante estas cifras algunos medios chilenos denuncian la lenta respuesta por parte de los funcionarios y la falta de un plan vigente de emergencias y evacuación en la municipalidad de Viña del Mar, una de las comunidades más afectadas por el incendio. A su vez la  Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso han publicado un informe señalando que ninguno de los cortafuegos de la región fue efectivo para contener el fuego, mostrando la falta de preparación suficiente en la zona para sucesos de esta magnitud.

Los bomberos chilenos juegan un papel fundamental en estas situaciones de emergencia. Estos no reciben un salario por su trabajo, si no que son todos voluntarios por tradición, o eso alegó Sergio Albornoz de la Junta Nacional de Bomberos en el 2014 cuando rechazó la idea de la promotora de la ONU Susana Fuentez, que planteó que deberían percibir una remuneración.

La recaudación de fondos para las 312 compañías de bomberos que existen en Chile se lleva a cabo a través de diferentes fuentes. El 45% de los gastos anuales vienen de donaciones y colectas, el resto lo reciben de fondos del Estado a través de los presupuestos anuales, que tras las presiones de los propios bomberos se evitó una bajada de su partida presupuestaria para el 2024 en dotación, consiguiendo que se aumentará respecto a la primera propuesta del Gobierno, manteniendo así los niveles del pasado año. 
Las sospechas de que el incendio ha sido provocado ha reabierto el debate para aprobar la Ley de Incendios que prohíbe la venta de tierra quemada durante 30 años, evitando así la especulación inmobiliaria. Aunque tras los incendios de 2022 el presidente Boric la pusiese en urgencia para su aprobación no parece que interese a algunos sectores en las cámaras legislativas que avance, por lo que a pesar de haber sido aprobada en comisión lleva años estancada esperando la aprobación del congreso chileno.