Las políticas de inmigración de Australia y Dinamarca se encuentran entre las más estrictas del mundo occidental. Ambos países han adoptado medidas que priorizan la seguridad, el control fronterizo y la admisión selectiva de inmigrantes. Australia ha desarrollado un sistema de detención de migrantes fuera de su territorio y exige estrictos criterios para la obtención de la ciudadanía. Dinamarca, por su parte, ha implementado políticas como la controvertida “Ley de Joyas” y mantiene un enfoque restrictivo en la concesión de la nacionalidad.
Este artículo analiza las condiciones para obtener la ciudadanía en ambos países, los requisitos de entrada y las políticas que aplican para gestionar la inmigración, así como las críticas que han recibido a nivel internacional.
La nacionalidad australiana puede obtenerse por diferentes vías. Se concede a quienes han residido en el país durante un tiempo determinado, a mayores de 60 años o a hijos de ciudadanos australianos, incluso si nacieron en el extranjero. También pueden obtenerla quienes hayan nacido en Australia y vivido allí durante al menos diez años. Los refugiados pueden aspirar a la ciudadanía, aunque los requisitos son estrictos. Se exige haber residido en el país con una visa legal durante al menos cuatro años. Además, el solicitante debe demostrar «Good Character», un concepto definido por el gobierno australiano que implica respeto a las leyes y principios del país. Esto incluye no tener antecedentes penales ni juicios pendientes en Australia o en el extranjero. También se considera motivo de rechazo haber estado involucrado en episodios de violencia de género, pertenecer a asociaciones ilegales, proporcionar información falsa o haber cometido actos que se consideren deshonestos hacia la comunidad australiana. También se exige un conocimiento del idioma inglés, además de saber lo que significa ser un ciudadano australiano (deberes y derechos) y entender los valores de Australia que incluyen libertad, respeto e igualdad. Esto se mide con un examen que requiere de un 75% de aciertos.
Existen por otro lado, circunstancias que impiden la obtención de la ciudadanía australiana. Entre ellos falsificar la identidad, tener causas judiciales pendientes, que no hayan pasado al menos 2 años desde la salida de prisión o 10 años si se es reincidente. Si se considera que puede ser un riesgo para la seguridad del país, se deniega automáticamente. Si la deniegan, no puede solicitarse en los doce meses posteriores.
Para entrar al país hay que tener un visado. Existen distintos tipos y también depende de la duración de la estancia. No siempre se obtiene el visado, sino que antes incluso de poder pedir la ciudadanía, se puede negar la entrada al país. Puede deberse a requisitos sanitarios, ser posible portador de enfermedades graves, o tener una condición médica que suponga un gasto alto al sistema de salud. Puede denegarse también si supone discriminación de la comunidad australiana o es susceptible de discordia con la comunidad local.
La política con los inmigrantes irregulares es singular; Australia es el único país que detiene y encierra fuera del país en centros de detención a inmigrantes irregulares. Mantiene cooperación estrecha con terceros países para que estos de contengan la inmigración. Destacan los acuerdos con Timor Oriental, Malasia, y Papua Nueva Guinea. A cambio, Australia establece acuerdos comerciales favorables, ayuda al desarrollo y tiene con ellos una política más flexible de visados.
Este país además deja muy clara su política y expresar con claridad que sus puertas no están abiertas a cualquiera. En 2014 público un anuncio para desalentar la entrada ilegal al país con un cartel que indicaba “no way” (de ninguna manera). Se ha advertido que cualquier embarcación que intentase llegar a Australia de manera ilegal sería interceptada y expulsada. En Australia, la inmigración tiene cierta gestión privada, y prevalece la migración económica altamente cualificada. En torno al 30% de la población australiana es de origen extranjero, principalmente de origen británico y chino.
En Europa, Dinamarca es el país con una legislaciones antiinmigración ilegal más dura. Es conocida la llamada “ley de Joyas”. Esta, permite confiscar joyas u artículos de valor sin valor sentimental, para cubrir los gastos los gastos de recepción, primer alojamientos y tramitación. Para obtener la nacionalidad danesa se debe pasar un examen de idioma y conocimientos sobre historia y sociedad del país. Cualquier condena penal puede impedir permanentemente el acceso a la nacionalidad.
La población migrante en Dinamarca ha crecido en los últimos años pero a menor escala que España. Según datos de la última publicación de Eurostat en Dinamarca recibió en 2022 un total de 72.568 personas inmigrantes, creciendo con respecto a 2012 un 122%. En el caso de España la entrada en 2022 fue de 859.561 personas y ha crecido un 340%
Tanto el gobierno australiano como el danés han sido objeto de presiones y de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y otros organismos internacionales y en el caso de Dinamarca también por la UE. Aunque según la propia normativa comunitaria Inmigración legal: la Unión Europea tiene autoridad para establecer las condiciones de entrada y residencia legal en un Estado miembro, pero los Estados miembros conservan el derecho a fijar cuotas para la admisión de personas procedentes de terceros países que buscan empleo. Y tampoco contempla la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los distintos países miembros. Por lo que Dinamarca cumpliría la legalidad.
