Mientras Marruecos se afianza como uno de los grandes polos de producción agroalimentaria e industrial del sur del Mediterráneo, España observa con preocupación cómo parte de su tejido empresarial se desplaza al país vecino. Más de 360 empresas han decidido cruzar el Estrecho en busca de condiciones más ventajosas, escapando de las restricciones y costes impuestos por la normativa europea. El resultado es un cambio de paradigma que afecta tanto a la industria como al sector agrícola, dejando en evidencia la fragilidad de los productores locales frente a un mercado global cada vez más competitivo y, a menudo, desigual.
La principal razón ya no es solo la búsqueda de costes más bajos, sino también el intento de escapar de la presión normativa y fiscal impuesta por la Unión Europea, según datos del Instituto Español de Exportaciones e Inversiones (ICEX). Este fenómeno, lejos de limitarse a la clásica deslocalización industrial, afecta ya a sectores clave de la economía nacional y transforma por completo el tejido productivo español.
Algunas empresas han dejado nuestro país en favor de Marruecos, no solo mediante la deslocalización directa, sino a través de joint ventures, delegaciones comerciales, o filiales estratégicamente ubicadas. Entre estas, se encuentran algunas grandes corporaciones, como Ebro Foods, propietaria de marcas tan reconocidas como Brillante o SOS, y Borges (frutos secos).
Sin embargo, el caso más paradigmático —por la importancia en la economía nacional y en la imagen exterior de España— es el de Inditex. Este gigante textil ha trasladado parte de su producción al país vecino. La compañía justifica el cambio en la facilidad para adaptarse con rapidez a los nuevos estándares sociales y medioambientales, pero la realidad es que Marruecos ofrece condiciones de producción mucho más flexibles y baratas que España o Portugal.
Desde que Marta Ortega asumió la presidencia de Inditex, el ritmo de deslocalización ha aumentado significativamente. Una de las medidas de mayor impacto en el proceso empresarial es precisamente la deslocalización de la producción. Bajo su mandato, el número de proveedores españoles se ha reducido a la mitad, mientras que han crecido exponencialmente los ubicados en países de mano de obra barata; especialmente Marruecos. Con Marta Ortega, la disminución de los proveedores españoles ha sido el doble de rápida que en los últimos años de su padre. Aunque Inditex mantiene actividad en muchos países, Marruecos ha sido el gran beneficiado por la supresión de productores españoles y portugueses.
Pero el trasvase productivo hacia Marruecos no afecta solo a la industria. También el sector agrícola español sufre sus consecuencias. Nuestros campos han visto muchas pérdidas en beneficio de los marroquíes. Según informó la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), las importaciones al mercado europeo de tomate de origen marroquí se han incrementado más de un 50% entre 2013 y 2024. Las consecuencias para los agricultores y las empresas españolas son graves. España corre el riesgo de convertirse, de manera forzosa, en importador neto de tomates en 2035, lo que supondría un cambio histórico para el sector.
Una de las mayores controversias en este sentido es el de la competencia desleal. Los agricultores y ganaderos españoles no compiten en igualdad de condiciones: Europa les impone mayores costes laborales y restricciones en el uso de fitosanitarios, mientras que Marruecos puede utilizar productos prohibidos en la UE y luego exportar esa producción sin trabas. La Unión Europea, lejos de defender a sus propios productores, se ha convertido en parte activa del problema, favoreciendo a terceros países frente a los tradicionales productores europeos.
Desde COAG se apunta que en Europa los costes laborales son mayores y además tienen más restricciones y limitaciones en el uso de productos fitosanitarios. Y es que en Marruecos pueden emplear productos no autorizados en Europa… pero luego les compramos la producción que obtienen de su uso.
Esto lleva a que el campo español (y europeo) participe en un juego claramente desventajoso, abocado a la desaparición de buena parte del tejido agrícola tradicional. La imposibilidad de poder producir de manera competitiva frente a Marruecos está haciendo que nuestros agricultores tiren la toalla ante la falta de protección institucional y la presión de los costes.
La controversia se agrava con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que señala que el acuerdo UE-Marruecos vulnera la legislación europea en materia de etiquetado de frutas y hortalizas. Las etiquetas de los productos marroquíes que se exportan a la UE no cumplen con los requisitos legales, vulnerando así los derechos de los consumidores europeos y atentando contra la transparencia del mercado.
La creciente dependencia de la producción exterior y la pérdida de competitividad de sectores tradicionales plantean un desafío de primer orden para la economía y la sociedad españolas. Las políticas europeas, lejos de proteger al productor nacional, parecen impulsar una carrera hacia la externalización y el abaratamiento a cualquier precio, incluso a costa de la seguridad alimentaria y de los derechos de los consumidores. La cuestión de fondo ya no es solo económica, sino también social y política: ¿está España dispuesta a sacrificar su tejido productivo y la calidad de sus productos a cambio de precios más bajos y menos regulación? El futuro del campo, la industria y el empleo nacional depende en buena medida de la respuesta que se dé a este reto.
