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El caso Begoña Gómez: poder, cátedras y subvenciones

 La esposa del presidente del Gobierno está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. Las cartas de recomendación que firmó para empresas con contratos públicos son ahora el núcleo de un caso que mezcla poder, universidad y negocios.

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Una paradoja de la vida es la de Begoña Gómez. Por ejemplo, sus estudios. Y es que, ante la acérrima crítica y campaña de acoso y derribo contra la universidad privada desde las filas del PSOE, la mujer del presidente ha cursado la totalidad de sus (escasos) estudios superiores en este tipo de instituciones.

Abstrayéndonos de las dudas que existen sobre si su título de marketing es o no oficial, el centro en el que lo cursó es privado. En concreto, Begoña Gómez podría decir que estudió su título principal en un centro que, según su propio esposo, carece de las garantías mínimas de calidad académica. Para más inri, la Escuela Superior de Marketing y Negocios no solo es una institución privada, sino que además no está homologada oficialmente como universidad. Para Pedro Sánchez, su esposa se formó en un “chiringuito educativo».

Quizá Begoña Gómez no estuvo muy cómoda escuchando a su marido —nuestro presidente— decir que la universidad privada era una máquina expendedora de títulos. Ella tiene tres, y los tres son de centros privados. La formación de la “catedrática” Gómez podría ser cuestionada desde dos ámbitos: por justicia social (la gente con bajos recursos no podría asumir los costes de estos centros; Begoña sí), y por calidad, si atendemos a las palabras de Pedro Sánchez. Del título de Marketing en un centro privado se ha cuestionado su validez académica como licenciatura universitaria. También cuenta con un MBA en ESIC Business School, un centro elitista y privado. Y, según su perfil en LinkedIn, un programa (ni máster, ni licenciatura, ni grado) en la Escuela de Negocios IDE-CESEM (evidentemente, también privada).

Gómez trabajó en la consultora Inmark entre 1999 y 2017. Desde los 24 hasta los 42 años. Su cambio laboral, tras 18 años sin movilidad, coincidió con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Y es que, en 2018, a la par que Sánchez asume el cargo, Begoña Gómez pasa a ser directora del IE Africa Center. Es precisamente en este empleo cuando empiezan, según las investigaciones en curso, las acciones de dudosa legalidad de Begoña Gómez. Coincide, nótese, con que Sánchez inicia su mandato.

El sindicato Manos Limpias presentó en abril de 2024 una denuncia contra Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo hizo a partir de informaciones periodísticas que alegaban que Gómez, en calidad de directora del IE Africa Center, había firmado un acuerdo de patrocinio con Globalia. Para informaciones posteriores, es importante saber que Globalia es el grupo propietario de Air Europa. Este acuerdo firmado por la señora Gómez coincidió temporalmente con las negociaciones de Globalia para obtener un rescate financiero del Gobierno, todo durante la pandemia de COVID-19.

Nunca Begoña Gómez fue profesora universitaria. De hecho, y dado que sus estudios superiores eran privados y no universitarios, puede decirse que nunca tuvo vinculación con la universidad. Ni como estudiante, siquiera. Nunca había ocupado un cargo público ni universitario oficial hasta 2019. Unos meses después de que su marido llegase a La Moncloa.

La actual causa de Begoña Gómez comenzó en abril de 2024. Publicaciones de prensa sirvieron de base para vincularla con empresas y empresarios que habrían recibido contratos públicos o ayudas gubernamentales, especialmente durante su etapa como directora del IE Africa Center. Estaba en manos del juez determinar la veracidad de los cargos presentados por Manos Limpias. El juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite la denuncia y abrió diligencias de investigación. A pesar de la falta de pruebas sólidas, según algunos. La Fiscalía solicitó el archivo del caso por considerar que no existían indicios de delito. El juez Peinado decidió continuar con la instrucción.

Las cartas de recomendación de Gómez han sido interpretadas por los denunciantes como una forma de tráfico de influencias. Uno de los documentos clave fue dirigido al Grupo Barrabés, una consultora tecnológica que colaboraba con la cátedra y que, a su vez, obtuvo contratos con entidades públicas. La defensa sostiene que la cartas no son delito en sí mismo, pero podrían adquirir relevancia legal si se prueba que influyeron directamente en la concesión de ayudas o contrataciones.

Wakalua, subsidiaria de Globalia (a su vez grupo empresarial matriz de Air Europa), es una de las tramas más controvertidas. Begoña Gómez firmó un acuerdo de colaboración entre Wakalua y la cátedra. Esto, casualmente, coincidió con el momento en que Globalia negociaba el rescate financiero de Air Europa con el Gobierno. Manos Limpias (y no solo ellos) ha visto aquí un posible intercambio de favores. El entorno de Gómez ha dicho que se trataba de un acuerdo sin contraprestación económica.

Air Europa, parte del Grupo Globalia, fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia. La aerolínea recibió 475 millones de euros, un movimiento ya polémico en su momento. Wakalua, empresa vinculada a Globalia, tenía acuerdos con la cátedra dirigida por la esposa del presidente del Gobierno. También la consultora Innuba ha sido objeto de escrutinio. Esta empresa mantuvo vínculos académicos con la cátedra dirigida por Gómez y, al mismo tiempo, recibió contratos con organismos públicos.

Pero si hay algo que ha levantado más sospechas y rechazo es la cátedra adscrita al IE Africa Center. Rechazo no solo por parte de políticos y ciudadanos, sino también desde el propio entorno académico, ante la falta de igualdad y la competencia desleal con el resto de catedráticos del sistema educativo español. Begoña Gómez no había sido docente universitaria. Begoña Gómez NO tiene carrera universitaria. Sin embargo, era la codirectora y el rostro visible de la iniciativa. Quizá su papel venía de su condición de esposa del presidente.

Existen interrogantes. Por ejemplo, se está investigando si algunas de las empresas que obtuvieron contratos públicos lo hicieron por ser socias o colaboradoras de esta cátedra. Lo que sí está claro es la falta de transparencia sobre los patrocinadores y las contraprestaciones ofrecidas. El sindicato Manos Limpias sostiene que la intervención de Gómez, a través de cartas, reuniones y acuerdos académicos, pudo haber influido en decisiones que derivaron en adjudicaciones de contratos a empresas privadas con vínculos con la cátedra.

Y mención aparte merece el rescate millonario a Air Europa. Globalia, su empresa matriz, había firmado colaboraciones con la cátedra semanas antes. Aunque aún no se ha probado que Gómez interviniera directamente en las decisiones del Consejo de Ministros o en los procedimientos administrativos, los denunciantes insisten en que su influencia informal, dada su cercanía con el Ejecutivo, pudo haber condicionado el resultado.

Además de Begoña Gómez, se oyen más nombres. Cristina Álvarez ha sido señalada como figura clave. Su papel como persona de confianza de Gómez ha puesto el foco sobre su rol en la operativa de la cátedra y en la agenda de la codirectora. Se investiga si Álvarez habría facilitado conexiones entre la cátedra y empresas. En concreto, las pesquisas judiciales buscan determinar si Álvarez coordinó reuniones o contactos con empresas que luego se beneficiaron de fondos públicos; si intervino en el diseño de convenios que sirvieron como escaparate para favorecer ciertas iniciativas empresariales; y si actuó como intermediaria entre Gómez y los actores económicos implicados en las sospechas de trato de favor.

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