Varios ayuntamientos españoles han comenzado a aplicar una nueva tasa de hasta 7 euros por semana a los propietarios de vehículos, bajo el pretexto de financiar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida cuenta con el respaldo tácito de la Dirección General de Tráfico (DGT), que permite su implementación a través de ordenanzas municipales.
El modelo, ya en marcha en lugares como Baleares, contempla tarifas diarias a vehículos no residentes y restricciones de circulación. En Palma de Mallorca, incluso se estudia limitar a un solo vehículo por vivienda.
Esta política no emana de una ley estatal, sino de la combinación entre normativa local, regulaciones autonómicas y el uso de tecnologías de control avaladas por la DGT. A juicio de numerosos expertos y asociaciones de conductores, se trata de un paso más hacia la implantación de un peaje encubierto por circular, sin debate público y con graves repercusiones para la movilidad y la libertad de circulación.
Conclusión:
Mientras los ciudadanos lidian con la inflación y la presión fiscal, los ayuntamientos abren una nueva vía recaudatoria con el beneplácito de la administración central. La medida alimenta la creciente percepción de que el coche privado está siendo castigado sistemáticamente por las políticas urbanas e ideológicas del Gobierno.
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