En Europa vivimos una crisis que trasciende lo humanitario y entra en el terreno de la seguridad nacional: el uso del sistema de asilo como vía de entrada para terroristas en potencia. Un vistazo a distintos países europeos que están sufriendo esta misma problemática demuestra que no se trata de una teoría conspirativa, sino de una realidad confirmada por hechos probados y datos desprovistos de cualquier sesgo ideológico.
En Bélgica, el terrorista que cometió el atentado de Bruselas en 2023 había solicitado asilo en cuatro países antes de desaparecer del radar, según La Vanguardia. Alemania, por su parte, detuvo a un islamista que había recibido asilo automáticamente, sin entrevistas de seguridad, tal y como informó La Gaceta en 2017. Actualmente mantiene bajo vigilancia policial a casi 20.000 solicitantes por sospechas de vínculos terroristas. En Polonia, ante la evidencia del uso de la inmigración como arma silenciosa por parte de Rusia y Bielorrusia, el gobierno planea bloquear temporalmente el derecho de asilo, según publicó Huffington Post. Hungría ya advirtió en 2017 que terroristas se camuflaban entre refugiados, algo reconocido por la propia Bruselas, que se mantiene sumisa y expectante.
Mientras tanto, Italia refuerza su frontera con Eslovenia para frenar esta amenaza, y Países Bajos también intensifica controles ante el temor de atentados como los de Arras y Bruselas. Incluso Reino Unido, tras años de permisividad, ha deportado por primera vez en trece años a solicitantes de asilo sirios condenados por diversos crímenes (The Times, 2025) y busca cerrar lagunas legales que permiten la entrada de terroristas ocultos. Francia, completamente colapsada, admite abiertamente el riesgo de terroristas ocultos entre refugiados; e Irlanda, aunque sin casos recientes conocidos, ya participa en los planes para agilizar expulsiones (Euronews, 2023).
Este patrón se repite con inquietante frecuencia: individuos que se acogen a la figura de protección internacional no solo escapan al control de las autoridades nacionales, sino que, en muchos casos, utilizan esa protección para ocultar vínculos con redes extremistas. La laxitud en la comprobación de antecedentes, combinada con la presión ideológica sobre los gobiernos, convierte al sistema en una grieta legal cada vez más explotada.
En este contexto, España no está exenta de riesgo. Hace apenas unos meses, un excombatiente yihadista fue expulsado tras entrar a nado en Ceuta y solicitar asilo (La Vanguardia, 2025). Este “caso aislado” podría convertirse en rutina si no se establecen medidas de control férreas y una política migratoria verdaderamente soberana.
Es hora de abandonar el discurso buenista y afrontar con valentía una verdad incómoda: el asilo, tal como está planteado hoy, se ha convertido en una herramienta frágil e instrumentalizable. Defender el derecho de asilo no puede equivaler a entregar la seguridad de nuestros ciudadanos. La protección humanitaria no debe ser incompatible con la protección nacional.