El 18 de julio el presidente checo, Petr Pavel, firmó una enmienda del Código Penal criminalizando el comunismo tras ser aprobada el 30 de mayo con 86 votos a favor de 160 en la Cámara de Diputados. Queda ahora prohibida la promoción y divulgación de la ideología marxista bajo pena de hasta 5 años de prisión, pudiendo aumentar de 3 a 10 años si hay circunstancias agravantes.
La enmienda modifica el Artículo 403 del Código Penal el cual ahora declara que:
- «Quien funda, apoya o promueve un movimiento cuyo fin sea claramente la supresión de los derechos y libertades humanas, o promueva el odio racial, étnico, religioso o de clase contra otro grupo de personas, será castigado con prisión de 1 a 5 años.»
- Penas aumentadas (3 a 8 años) si se usa prensa, medios de comunicación, redes públicas, actúa como grupo organizado, militar o en tiempos de guerra/emergencia.
- La preparación del acto también es punible.
La medida la ha impulsado el Instituto para el Estudio de Regímenes Totalitarios, que llevaba tiempo queriendo equiparar a efectos de responsabilidad penal el comunismo y el fascismo. Esta institución la fundó el Estado checo en 2007. Es financiada por el Estado pero también recibe cuantiosas subvenciones de la europea Agencia Erasmus+, del Fondo Internacional de Visegrado, la alemana Fundación Konrad Adenauer, la francesa Fundación Robert Schuman o la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia entre otras.
Existen precedentes en la Unión Europea de la equiparación de ideologías bajo la etiqueta de totalitarismo. En 2008 se estableció el 23 de agosto como el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Totalitarismo, metiendo en el mismo saco comunismo y fascismo, y en 2019 una resolución del Parlamento Europeo hizo lo mismo.
En cuanto a los precedentes nacionales, la República Checa fue el primer país ex-socialista en condenar la etapa comunista. Tras la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia en 1989 se procedió a condenar su pasado con la «Ley sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista» de 1993. La ley condenaba como organización criminal al Partido Comunista Checoslovaco y calificaba el anterior gobierno socialista como ilegítimo.
La equiparación resulta irónica sabiendo que fue precisamente el Ejército Rojo de la Unión Soviética y los partisanos checoslovacos los que liberaron el país del nazismo en 1945. Aunque también llama la atención que en el seno de la UE no se condene o criminalice la ideología que justifica el genocidio israelí sobre el pueblo palestino: el sionismo. O que tampoco se condene el islamismo, teniendo tratos favorables con el gobierno islamista sirio que también esta cometiendo un genocidio contra sus minorías.
El Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM) liderado por Kateřina Konečná condenó la política anticomunista del gobierno. El partido declaró que «el gobierno del primer ministro checo, Petr Fiala sigue siendo responsable de introducir censura, prohibir sitios web, acosar y perseguir a opositores políticos y criminalizarlos, así como de despedir a personas de sus trabajos por motivos políticos».
República Checa no es el único país que condena y persigue el comunismo, otros países de la UE como Letonia, Estonia y Lituania lo hacen abiertamente, contradiciendo la tan proclamada libertad de expresión. Otros países restringen la propaganda y la divulgación comunista parcialmente, como Hungría o Eslovaquia. Si vamos a otros países fuera de la UE el comunismo está ilegalizado en países como Ucrania, Irán o Corea del Sur.
En contraste con la política de República Checa llama la atención otra noticia reciente de Rumanía. Según INSCOP Research y el Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas el 66% de los rumanos siente nostalgia por los tiempos del periodo socialista.
