Alemania y cinco países de la Unión Europea —Francia, Polonia, Austria, República Checa y Dinamarca— han suscrito una declaración conjunta para endurecer las normas de asilo, acelerar las deportaciones y reforzar el control migratorio de las fronteras exteriores. El acuerdo, firmado en el Zugspitze, refleja un giro político en el tratamiento de la inmigración irregular y se produce en un contexto de tensión bilateral entre Berlín y Varsovia por la reintroducción de controles fronterizos. El tema se ha convertido en eje central del debate público en varios países europeos.
El pasado 18 de julio, los ministros del Interior de los 5 países, firmaron en la cumbre del Zugspitze un documento conjunto en el que se comprometen a reforzar los controles migratorios en la Unión Europea. Entre las medidas acordadas se incluyen la agilización de las deportaciones de inmigrantes sin derecho de asilo —incluso a países como Afganistán o Siria—, el refuerzo de la vigilancia fronteriza y la posibilidad de gestionar solicitudes de asilo desde países terceros.
Alemania, bajo el nuevo gobierno de coalición liderado por Friedrich Merz, ha comenzado a aplicar algunas de estas medidas, como la suspensión de los programas de reunificación familiar y reasentamiento. Ese mismo día, Berlín deportó a 81 ciudadanos afganos con antecedentes penales. Además, los países firmantes han propuesto imponer restricciones de visado a Estados que no colaboren en la readmisión de sus nacionales expulsados, condicionar acuerdos comerciales o de ayuda al desarrollo, e incrementar la inversión en drones, barreras físicas y personal fronterizo.
El texto también propone rechazar automáticamente las solicitudes de personas que ya hayan recibido protección en otro país de la UE y reforzar la lucha contra redes de tráfico de personas.
Tensión entre Varsovia y Berlín por los controles fronterizos
En paralelo a este giro político, Polonia introdujo a principios de julio controles fronterizos temporales con Alemania y Lituania. El objetivo declarado por el ministro polaco del Interior, Tomasz Siemoniak, era frenar la inmigración ilegal. El gobierno polaco insistió en que esta medida no estaba dirigida contra ciudadanos comunitarios y que se levantaría únicamente cuando Alemania implementara medidas similares.
En total, Polonia desplegó 52 puestos de control en la frontera con Alemania y 13 con Lituania. Aunque inicialmente se establecieron por un periodo de 30 días, la normativa permite su renovación indefinida. Desde Varsovia se justifican estas acciones en el aumento del malestar ciudadano por la inmigración procedente de Oriente Medio y el norte de África, tema que se ha convertido en eje central del debate político nacional.
De hecho, las elecciones presidenciales de junio estuvieron marcadas por esta cuestión. Karol Nawrocki, con el lema «Polonia primero, los polacos primero», se impuso al candidato del primer ministro proeuropeo Donald Tusk, reforzando la línea dura en inmigración del actual gobierno.
Estas decisiones han causado fricciones con Berlín y con otros socios europeos. Algunos líderes comunitarios han recordado que el espacio Schengen prohíbe los controles fronterizos internos, salvo en situaciones excepcionales que supongan amenazas para el orden público o la seguridad nacional. Pese a ello, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ha reconocido que “el control en las fronteras es una medida actualmente necesaria”.
La inmigración se ha consolidado como uno de los temas más sensibles en la agenda política europea. El endurecimiento de las políticas de asilo y la presión sobre los países emisores de migrantes marcan un cambio de rumbo que busca responder al creciente malestar ciudadano, pero también plantea desafíos jurídicos y humanitarios para la UE. La tensión entre reforzar las fronteras y garantizar los derechos fundamentales sigue abierta.
