El pasado 1 de agosto se publicó un informe de GRECO en el que se documentaba como España solo ha implementado las recomendaciones de medidas anticorrupción lanzadas en 2019. Queda patente además, el bajo grado de cumplimiento, al no haberse aplicado 3 de ellas y aplicarse solo parcialmente otras 16.
Para entender con detalle las implicaciones de este informe, hay que hacer algo de historia. GRECO (acrónimo de Grupo de Estados contra la Corrupción) es una entidad del Consejo de Europa creada en 1999. Cuenta con 48 Estados miembros, incluyendo todos los países del Consejo de Europa y algunos no europeos como Estados Unidos.
Se creo con el fin de mejorar las capacidades de sus estados miembros en la lucha contra la corrupción. Y para ello tiene una serie de misiones. Principalmente monitorear que se cumplan los estándares anticorrupción del Consejo de Europa e identificar deficiencias en políticas y leyes nacionales de los países miembros. Y emitir recomendaciones para mejorar la prevención contra la corrupción y corregirla en caso de ser necesario
GRECO desde su fundación realiza rondas de evaluación temáticas centradas en distintos aspectos clave de la lucha contra la corrupción. La primera ronda (2000–2002) abordo la Independencia del poder judicial o la Prevención de la corrupción en la Administración Pública. La segunda ronda (2003–2006) puso foco en identificación, confiscación y recuperación de ganancias ilícitas y la supervisión de autoridades públicas. En la Tercera Ronda (2007–2011) los temas donde se puso el foco fueron transparencia en la financiación de partidos políticos, o la corrupción en el sistema judicial. La Ronda de 2012 a 2016 se centró en la prevención de la corrupción entre Parlamentarios, Jueces y Fiscales. Y en la quinta, que es la que nos encontramos en la actualidad, comenzada en 2017, trata sobre prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En cada ronda, cada país evaluado recibe un informe de evaluación con recomendaciones. Para este informe se hace un proceso de evaluación riguroso en varias fases. La primera fase es el envío de un cuestionario que cada país debe cumplimentar sobre Legislación vigente. La siguiente fase se compone de visitas in situ, en la que un equipo de evaluadores realiza una visita oficial al país. Sse reúnen con autoridades gubernamentales, jueces, fiscales, parlamentarios, ONGs y periodistas; recogen información adicional y contrastan los datos del cuestionario. En España se mantuvieron entrevistas con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Presidencia, la Oficina del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. También se mantuvieron entrevistas con representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como con sus respectivos sindicatos u organizaciones profesionales.
Los encargados de las visitas y de emitir el informe son profesionales de prestigio de diversos perfiles. Neutrales. Como continuación del proceso el país debe presentar informes periódicos sobre los avances en la implementación de las recomendaciones. Y GRECO evalúa si han sido aplicadas, parcialmente aplicadas o no aplicadas. Si hay incumplimiento persistente, se pueden aplicar medidas de presión.
El proceso no termina con el informe inicial. GRECO realiza seguimientos regulares hasta que las recomendaciones se implementan satisfactoriamente. En el informe de 2019 se dibuja un claro panorama de la situación del país en temas de las conclusiones y recomendaciones dadas fueron claras.
Comienza indicando que en el año de publicación la confianza de los ciudadanos en las instituciones era baja. La corrupción era un tema que se venía considerando de manera persistente como una de las principales preocupaciones de la población. Se menciona que han surgido muchos casos de corrupción, y que habían sido llevadas ante los tribunales. Se detallan leyes que han ayudado a prevenir la corrupción Pero se considera que en la práctica no ha tenido los esperados efectos.
Entre las medidas a aplicar se enfatiza que las competencias y los recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses deben reforzarse sustancialmente y garantizar su independencia. Poner más control sobre la cuestión de las puertas giratorias tanto a nivel legislativo como a nivel práctico. Se aconseja como tema fundamental que los asesores, estén también sujetos a las máximas obligaciones de transparencia e integridad. En positivo se menciona el Portal de la Transparencia como herramienta de acceso y difusión de datos públicos; pero recalca que queda mucho por hacer, y que aún existen reticencias de determinadas autoridades públicas a facilitar el acceso a la información administrativa.
Evidencia que la supervisión y rendición de cuentas son aspectos a los que España debe prestar mayor atención. Y menciona literalmente la preocupación ante el aforamiento y la necesidad de su revisión. En el informe sobre España se considera que las dos instituciones encargadas de la Seguridad son la Policía Nacional y la Guardia Civil. (No menciona a las policías autonómicas) e indica que “la confianza general de la población española en ellas es una de las más altas entre las instituciones públicas. Existen numerosos procesos internos y buenas prácticas estos cuerpos que protegen y dan seguridad a los ciudadanos a los que sirven”. Pero reconoce que se necesitan mejoras en transparencia. Enfatizando que es necesario prevenir actividades potencialmente de riesgo para la corrupción como las actividades remuneradas complementarias al ejercicio en el servicio, y del empleo posterior al cargo. Se recomienda para mejorar la confianza entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más transparencia sobre el acceso al cuerpo, los traslados, las evaluaciones y el destino. Y que también se aplique a la asignación de primas, medallas y otras prestaciones.
Tras este informe se deja un tiempo para aplicar las reformas solicitadas. Y de nuevo se realizan revisiones pasado un plazo, que en este caso han sido 6 años. Se redacta un nuevo informe. Y este fue publicado el 1 de agosto de 2025. GRECO ha amonestado a España por no cumplir plenamente las recomendaciones clave para combatir la corrupción, especialmente en lo que respecta a los altos cargos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad del Estado.
GRECO señala que, aunque España ha cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones, no ha aplicado tres especialmente sensibles: la regulación de los asesores del Gobierno. La reforma del aforamiento, que protege a los miembros del Gobierno de ser juzgados por tribunales ordinarios. Y fortalecer de la Oficina de Conflictos de Intereses, que sigue sin independencia ni presupuesto propio.
En cuanto a las recomendaciones que han sido parcialmente integradas, GRECO critica la falta de resultados , la ausencia de formación, y los retrasos en la estrategia de integridad. También hay deficiencias en la regulación de los lobbies, la publicación de agendas, y las restricciones posteriores al empleo público.
Con el tema de Fuerzas de seguridad menciona los limitados avances en Policía Nacional que continua sin estrategia anticorrupción específica. . En la Guardia Civil se producen mayores progresos con el desarrollo del SINTEGC (Sistema de Integridad de la Guardia. Civil) y el PLAEP (Plan de Acción de Ética Profesional).
Y se indica que persisten problemas en la selección del Consejo General del Poder Judicial y en la regulación de la relación entre parlamentarios y grupos de presión. Esto supone un “tirón de orejas” al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber aplicado lo solicitado en la lucha contra la corrupción GRECO.
Además, se ha solicitado a España que presente un nuevo informe de seguimiento antes del 30 de junio de 2026. En este informe deberá detallar los avances concretos en el cumplimiento total de sus recomendaciones
