Carles Puigdemont ha marcado septiembre como fecha límite para que el Gobierno central firme un acuerdo que reconozca una “singularidad nuclear” para Cataluña. La exigencia implica prolongar la vida útil de las centrales de Ascó I y II y Vandellòs II, pese a los compromisos de cierre incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en el Plan General de Residuos Radiactivos.
El líder de Junts, pieza clave para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo, condiciona su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a que se formalice este trato diferenciado, argumentando la supuesta necesidad de garantizar el suministro eléctrico en la comunidad. La crisis energética provocada por el apagón del pasado 29 de abril sirve ahora como justificación política para mantener en funcionamiento las instalaciones nucleares más allá de su calendario previsto.
Este movimiento se produce mientras informes técnicos, como el elaborado por PwC, alertan de que el cierre de estas plantas afectaría gravemente al suministro en Cataluña, dada su alta dependencia de la energía nuclear y la baja implantación de renovables. Sin embargo, la propuesta de Puigdemont abre un nuevo debate sobre si se trata de una legítima reivindicación energética o de un privilegio político pactado a cambio de votos en Madrid.
La maniobra añade tensión a unas negociaciones ya marcadas por la cesión de competencias y acuerdos bilaterales que, para muchos, rompen la igualdad de trato entre territorios. El Ejecutivo, por ahora, guarda silencio público sobre si aceptará las condiciones o forzará un pulso con su socio catalán.
