En España, la mayoría de la población asume que pagar impuestos es necesario para sostener los servicios públicos. Lo que rechaza de forma contundente es cómo se reparte la carga fiscal.
Según el último barómetro del CIS (julio de 2025), el 78,9 % cree que los impuestos no se cobran con justicia, es decir, que <<quienes más tienen no pagan más>>. Al mismo tiempo, más de la mitad (54,4 %) opina que los impuestos son imprescindibles para que el Estado pueda mantener servicios como la sanidad, la educación y las pensiones.
El estudio también revela un matiz clave: casi la mitad (48,4 %) considera que en España <<se pagan muchos impuestos>>, frente a un 43 % que cree que se pagan <<los justos>> y un 6,9 % que opina que se pagan pocos. El problema, por tanto, no es tanto la existencia del impuesto como la percepción de injusticia en el reparto, agravada por un clima de corrupción política que empuja a muchos ciudadanos hacia posiciones neoliberales.
La desconfianza se alimenta con otra cifra: el 62 % de los encuestados siente que recibe menos de lo que aporta, y un 58 % cree que la sociedad se beneficia poco o nada de lo recaudado. No es solo una cuestión de percepción: en la última década, los recortes y las privatizaciones han deteriorado los servicios públicos. La sanidad arrastra listas de espera interminables, la educación se ha convertido en un campo de batalla ideológico y las ayudas sociales, se destinan en mayor medida a personas recién llegadas que a los propios nacionales. Todo ello, sumado a la sensación de que sobran cargos y asesores y a la imagen de grandes empresarios y dirigentes enriqueciéndose a costa del esfuerzo colectivo, alimenta la idea de que el sistema favorece a unos pocos.
Esa percepción no nace solo de intuiciones. Los datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) confirman que la progresividad fiscal se quiebra en la cúspide. En 2022, el 1 % más rico soportó un tipo efectivo medio del 24,1 % sobre su renta, mientras que el 20 % más pobre pagó un 27,5 %. Estos tipos efectivos no corresponden únicamente al IRPF, sino que incluyen el conjunto de impuestos soportados por los hogares. La media del sistema, teniendo en cuenta todos los tramos, se situó en el 35,1 %.
Este desequilibrio tiene explicación técnica: las rentas del capital, más habituales entre las grandes fortunas, tributan a tipos más bajos que los salarios, y el peso de los impuestos indirectos, como el IVA, recae como porcentaje de la renta mucho más sobre quienes menos ganan. De hecho, el 20 % más pobre dedica más del 11 % de sus ingresos al IVA, frente a poco más del 1 % en el caso del 20 % más rico.
En resumen, la mayoría trabajadora acepta la necesidad de pagar impuestos y financiar lo público, pero exige que el esfuerzo se reparta de forma equitativa y que el dinero recaudado se invierta realmente en el bienestar social. Mientras la balanza fiscal siga inclinada hacia arriba, el malestar ciudadano seguirá creciendo.
