Tras tres años de negociación y 37 reuniones, el borrador del Estatuto Marco no convence ni a sindicatos ni a facultativos. Guardias de 24 horas, falta de cotización y medidas de exclusividad avivan el malestar.
El 14 de julio de 2025, los sindicatos del Ámbito de Negociación —Satse, CSIF, FSS-CCOO y CIG-Saúde— anunciaron nuevas movilizaciones y la posibilidad de una huelga a partir de septiembre si el Ministerio de Sanidad no modifica el borrador del Estatuto Marco. Con más de tres años de debate y 37 reuniones a sus espaldas, el texto sigue sin convencer a sindicatos ni médicos, que se niegan a firmarlo porque consideran que no recoge reivindicaciones clave.
Las negociaciones, que se retomarán el 9 y 10 de septiembre, llegan en un ambiente enrarecido. Los facultativos sostienen que el borrador no solo no mejora sus condiciones, sino que en algunos aspectos las empeora. Denuncian que las guardias siguen sin cotizar, que la carga laboral se mantiene intacta y que su clasificación profesional se equipara con la de sanitarios de menor especialización.
El 13 de junio, miles de médicos de toda España se manifestaron contra el borrador del Estatuto Marco. El seguimiento de la huelga fue desigual: en algunas comunidades apenas llegó al 15 %, mientras que en Cantabria alcanzó el 54 %. El sindicato CESM elevó las cifras hasta el 90 %, pero los datos oficiales del Ministerio fueron mucho más bajos.
La jornada reflejó una realidad fragmentada: algunos hospitales y centros de salud funcionaron con normalidad, mientras en otros se suspendieron consultas y servicios. Pese a la disparidad, el mensaje fue claro: el descontento del colectivo está lejos de apagarse.
Motivos del conflicto
Uno de los aspectos que más indignación genera es la regulación de las guardias médicas. El borrador introduce cambios, como la obligación de que la hora de guardia no pueda pagarse por debajo de la ordinaria, y la limitación a 17 horas seguidas de trabajo frente a las actuales 24.
Sin embargo, el texto abre la puerta a excepciones “por necesidades asistenciales u organizativas”. Según los sindicatos, esta cláusula perpetúa de facto las guardias maratonianas de 24 horas, bajo el paraguas de un consentimiento individual que consideran “forzado” en muchos casos. Además, sigue pendiente una reivindicación histórica: que las guardias coticen como horas de trabajo efectivo. Mientras cualquier otro trabajador cotiza por las horas realizadas, los médicos del sistema público siguen excluidos de este derecho. “Es una anomalía que en otros sectores sería impensable”, repiten desde CESM y Amyts.
El colectivo médico insiste en que necesita un estatuto propio que reconozca la singularidad de su formación y responsabilidad. Argumentan que son el único grupo que no disfruta aún de la jornada de 35 horas semanales y que, pese a representar entre el 15 % y el 22 % del personal sanitario, carecen de influencia real en la negociación. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado además que el borrador elimina distinciones entre médicos y otros graduados sanitarios, lo que consideran un “intento de borrar la identidad profesional” de los facultativos.
Otro de los puntos más polémicos es la exclusividad profesional. El texto inicial proponía que los especialistas recién formados tras el MIR permanecieran cinco años en la sanidad pública sin compatibilizar con la privada. Para sindicatos como Amyts y CESM, esta medida limita la libertad profesional, castiga a los jóvenes médicos y fomenta la emigración.
“En especialidades sin guardias, donde los sueldos son más bajos, esta exclusividad supone un golpe económico inasumible. Muchos médicos preferirán irse fuera”, advertían desde CESM antes del verano. La incompatibilidad también se extiende a los jefes de servicio, coordinadores y directivos, que no podrían ejercer en la privada. Sanidad defiende la medida para evitar conflictos de interés y garantizar dedicación plena, pero los sindicatos aseguran que esto dificultará atraer talento y reducirá la calidad asistencial.
A mediados de julio, los principales sindicatos —SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde— lanzaron un ultimátum: si no hay avances en septiembre, se iniciarán nuevas movilizaciones. Y ya hay fecha marcada en rojo: el 3 de octubre, día en el que está convocada una huelga médica nacional que podría extenderse o incluso convertirse en indefinida. Con este calendario, la tensión entre Sanidad y los facultativos se recrudece. El pulso promete prolongarse durante meses si no se alcanzan acuerdos sustanciales.
El enfrentamiento por el Estatuto Marco trasciende lo laboral. Para los médicos, está en juego la dignidad de la profesión y el futuro de un sistema sanitario que, advierten, “ya no logra retener talento”. Guardias interminables, salarios que no compensan el esfuerzo y medidas que restringen su libertad profesional están alimentando un sentimiento de agravio que podría tener consecuencias a largo plazo.
Con la negociación a punto de reanudarse y las movilizaciones en el horizonte, el otoño se perfila como un momento decisivo para la relación entre el Gobierno y el colectivo médico. Y mientras tanto, la ciudadanía contempla con preocupación un pulso que amenaza con tensar aún más las costuras del sistema público de salud.
