En Europa hay debates eternos, decisiones discutibles y burocracia para aburrir. Sin embargo, de vez en cuando, la Unión Europea aprueba algo que puede mejorar la vida de la gente y este es uno de esos casos. Desde 2020, la UE permite que los autónomos con ingresos modestos (pequeños negocios y profesionales que empiezan) puedan quedar exentos de cobrar y declarar IVA. Nada de trimestrales, nada de adelantar dinero que no tienen, nada de malabares contables para sobrevivir.
Casi toda Europa lo ha aplicado ya, desde Francia a Alemania, pasando por Portugal, Italia, Bélgica o los países del Este. La medida ha reducido trámites, ha favorecido la regularización de pequeños negocios y ha permitido que miles de autónomos trabajen con un poco más de oxígeno.
Sin embargo, en España la clase política se niega a aplicar una exención de IVA que no es obligatoria, sino opcional. Cada país europeo decide si incorporarla o no, y el Gobierno español, primero por inacción y después por decisión política, ha optado por dejarla fuera de nuestro sistema fiscal. Mientras nuestros vecinos alivian cargas a quienes menos tienen, aquí seguimos igual y los autónomos continúan repercutiendo IVA, pagando IVA y declarando IVA aunque facturen cifras ridículas.
El contraste es sangrante, sobre todo porque esta vez Europa sí había hecho los deberes. Para una vez que Bruselas lanza una medida sensata, pensada para facilitar la vida a quienes, junto con los trabajadores asalariados, sostienen la economía real, aquí la dejamos en un cajón. No es que España haya votado en contra en ninguna institución europea. No es un <<no>> formal, es peor, pues es un <<no>> por omisión. Un <<no>> que se materializa en no mover ni un dedo para aplicar un sistema que ya está funcionando en la práctica totalidad del continente.
Quienes conocen el día a día de los autónomos en España saben que el IVA no es solo un impuesto, sino una carga financiera constante, ya que muchos profesionales adelantan dinero que ni siquiera han cobrado, mientras otros trabajan con miedo a equivocarse en una declaración. En definitiva, todos pierden horas y horas en trámites que no existen en otros países europeos.
Mientras tanto, el discurso político sigue lleno de grandes palabras sobre <<emprendimiento>>, <<innovación>> y <<apoyo al tejido productivo>>, pero cuando llega el momento de aplicar una medida concreta, útil y ya testada, la realidad se impone y la clase política española prefiere no tocar nada.
