La Unión Europea vuelve a enviar un mensaje inquietante al campo europeo: el liberalismo económico sigue estando por encima de la protección de sus propios agricultores. Mientras Bruselas anuncia una relajación de los controles sobre los cítricos importados, siguen apareciendo partidas procedentes de terceros países, como Turquía o Egipto, que incumplen las normas sanitarias y medioambientales que sí se exigen a los productores comunitarios.
Las recientes detecciones de naranjas procedentes de Egipto con residuos de sustancias prohibidas en la Unión Europea no son una anécdota puntual, sino la confirmación de un problema estructural. Año tras año, los sistemas de alerta comunitarios registran numerosos avisos por frutas y hortalizas importadas que no cumplen la legislación europea, sin que ello se traduzca en un endurecimiento real de las políticas comerciales ni en un control riguroso en las fronteras.
Esta contradicción revela el fondo del problema: Europa impone a su agricultura estándares cada vez más estrictos, pero renuncia a exigirlos con la misma firmeza a quienes producen fuera de sus fronteras. El resultado es un mercado profundamente desequilibrado, donde el agricultor europeo compite en clara desventaja frente a importaciones más baratas, con detecciones recurrentes de materias activas prohibidas en la Unión Europea.
La consecuencia no es solo económica. Al permitir la entrada de productos que no respetan sus propias normas, la Unión Europea debilita su soberanía alimentaria y pone en riesgo la confianza de los consumidores. Depender del exterior para abastecer el mercado interno, mientras se asfixia al productor local, es una estrategia frágil en un contexto de tensiones internacionales, encarecimiento de los insumos y creciente incertidumbre económica.
Desde el sector agrario se señala cada vez con más claridad al verdadero responsable: Bruselas. No por abrir mercados, sino por hacerlo sin reciprocidad, sin controles eficaces y sin sanciones disuasorias. Las llamadas a priorizar la producción europea no responden a un repliegue irracional, sino a una exigencia lógica de coherencia y justicia.
Defender a los agricultores europeos no es extremismo ni nostalgia proteccionista, sino sentido común. Si la Unión Europea quiere garantizar alimentos seguros, sostenibles y de calidad, debe empezar por dejar de sacrificar a su campo en nombre de un libre comercio que solo beneficia a unos pocos. Porque cuando el agricultor desaparece, no solo se pierde producción: se pierde empleo, territorio, identidad y capacidad de decidir qué comemos y en qué condiciones se produce.
