En España se repite a menudo que la llegada de inmigrantes <<sostiene las pensiones>>, pero si miramos los datos con atención, la historia es otra bien distinta.
Según cifras recientes basadas en la afiliación a la Seguridad Social hasta diciembre de 2024, la proporción de extranjeros no comunitarios en edad laboral que cotizan es claramente inferior a la de los españoles. Mientras casi tres de cada cuatro españoles en edad de trabajar están inscritos en la Seguridad Social, entre estos extranjeros esa tasa baja significativamente cuando se analiza el conjunto de residentes procedentes de fuera de la Unión Europea.
Esto significa que más de la mitad de los extranjeros no comunitarios residentes en España no están dados de alta en la Seguridad Social. En cifras aproximadas, de casi 3,9 millones de inmigrantes en edad laboral procedentes de fuera de la UE, menos de dos millones estaban afiliados a algún régimen de la Seguridad Social a comienzos de 2025.
Este dato rompe con uno de los argumentos más repetidos en el debate público: la idea de que la inmigración masiva es, por sí sola, una solución automática al problema de las pensiones. Porque si una parte muy relevante de esa población no está cotizando, el supuesto <<salvavidas>> se convierte en un espejismo.
Conviene aclarar un punto esencial: las pensiones públicas no dependen únicamente de las cotizaciones sociales. En España ya se transfieren cada año miles de millones desde los Presupuestos Generales para cubrir parte del gasto. La idea de que la Seguridad Social es una <<caja cerrada>> es, sencillamente, falsa. Lo que garantiza las pensiones no es la aritmética de los cotizantes, sino la capacidad del Estado para sostenerlas a través de su política fiscal.
Además, como ya señalamos en reportaje anterior en <<El Enclave>>, el sistema de pensiones no se sostiene únicamente con discursos optimistas, sino con una economía sólida, productiva y capaz de generar empleo estable. El problema de fondo no es solo demográfico: es estructural. Un país con paro crónico, sueldos bajos y precariedad laboral difícilmente puede garantizar un futuro seguro para sus jubilados.
Por eso, la solución real no pasa por repetir consignas, sino por abordar el problema desde su raíz: avanzar hacia el pleno empleo incorporando a los parados y emigrados al mundo laboral, reindustrializarse para cambiar el modelo productivo, fomentar la natalidad y aspirar a recuperar soberanía para aplicar un marco fiscal que permita asegurar pensiones públicas a los ciudadanos en un futuro sólido y próspero.
En un país con un envejecimiento acelerado y un sistema cada vez más tensionado, este debate debería afrontarse con seriedad y con datos, no con propaganda. Porque las pensiones no se sostienen con relatos: se sostienen con trabajo real, cotizaciones reales y un Estado capaz de garantizar el bienestar de su gente.
