El pasado 25 de Febrero, se hicieron públicos los documentos del golpe de Estado sucedido hace 45 años
Lo que iba a ser la nueva gran noticia, por esos extraños giros del destino, quedo un poco opacada. Y es que ese mismo, día falleció uno de los principales artífices del Golpe de Estado, Antonio Tejero en Alzira (Valencia)
El golpe de Estado, conocido como 23‑F, ocurrió en 1981. Concretamente el 23 de febrero. Un grupo de guardias civiles encabezados por Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo‑Sotelo. El intento de Golpe de Estado se produjo en un momento de fuerte inestabilidad política tras la dimisión de Adolfo Suarez y en un momento aun de transición política.
Esta desclasificación de documentos ha sido definida por lideres del PSOE como un hito histórico, una especie de deuda saldada con los españoles. Según Félix Bolaños, “La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Para la portavoz del gobierno Elma Saiz, se trataba de poner fin a “una situación atípica en las democracias modernas. Pedro Sánchez anunció que “la memoria no puede estar bajo llave” y calificó la medida como una forma de saldar una “deuda histórica”.
El porqué de la desclasificación no responde a una obligación legislativa. Realmente la regulación en España sobre la desclasificación de documentos sigue viviendo de una ley promulgada en el franquismo. España está muy por detrás de otros países en transparencia documental. Y se desclasifica muy poco. Algunos expertos indican que “un historiador accede hoy con más facilidad a archivos de Estados Unidos que a los españoles” . Y se reclama la equiparación con países con desclasificación automática. España es uno de los sistemas mas restrictivos y opacos entre los países occidentales.
En Estados Unidos, existe un plazo automático de 25 años para desclasificar información. Se hace con una supervisión de comités independientes, excepto a temas que puedan afectar a la seguridad nacional. Se considera el modelo más transparente entre las grandes potencias. En el Reino Unido el plazo automático es de 20 años (antes 30) con una supervisión independiente del organismo “National Archives”, con posibilidad de acceso muy amplia excepto documentos ligados a los servicios secretos MI5/MI6. En Francia los plazos son mas largos, 50 años. En Alemania se incrementó la transparencia con la reunificación, pero los plazos de apertura son variables según la materia. Y son las autoridades de archivos federales quienes determinan plazos. La apertura hacia el publico es muy abierta, especialmente en los temas que conciernen a la Stassi.
Por tanto, en estos países puede “tocar” por fechas desclasificar unos archivos y no responde a ningún criterio político. Aquí en España es una mera decisión gubernamental . La desclasificación ha sido una decisión política estratégica, no un proceso técnico impulsado por historiadores o archiveros.
El Consejo de Ministros fue quien aprobó la desclasificación de los documentos del 23‑F, coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado. Es reseñable que no son todos los documentos del 23F; son los que de manera arbitraria, el gobierno ha querido que vean la luz. Se han hecho públicas 153 unidades documentales. Entre los materiales de archivos hay comunicaciones internas, informes y registros relacionados con el asalto al Congreso. Se incluyen transcripciones de comunicaciones entre Zarzuela, Moncloa y mandos militares, así como grabaciones de llamadas recibidas por Antonio Tejero durante el asalto.
No se han hecho públicos determinados informes de inteligencia, muchas comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas, parte de la documentación clasificada bajo la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Los documentos que sí se han desclasificado están disponibles en la web de la Moncloa. El proceso ha sido realizado según la normativa vigente en España sobre secretos oficiales (1968). Solo el Consejo de Ministros puede decidir desclasificar un documento, caso por caso.
La publicación de los documentos del 23‑F ha requerido una decisión política expresa. Y por añadidura no existe una autoridad independiente que supervise la clasificación. Esta ley además permite declarar información como secreta o reservada por motivos de seguridad y defensa indefinidamente.
Esta es una ley considerada obsoleta. Es llamativo cómo la Ministra Elma Saiz en sus declaraciones ha dicho que “en el franquismo se ocultaba todo, no como ahora” . Pero en realidad sigue operando con la misma ley. Una ley que no se ajusta a los estándares democráticos actuales. El proyecto de nueva Ley de Información Clasificada, de 2025, está atascada en el Congreso.
Haciendo un recorrido histórico por los procesos desclasificados destaca el Proceso de los GAL, en 1997 que fue la primera gran desclasificación en democracia. Y permitió acceder a documentos sobre la guerra sucia contra ETA durante los años 80. Es considerado un hito porque rompió la opacidad del Estado en materia de seguridad. En el 2004 se desclasificaron parte de los documentos de los atentados del 11 M para facilitar la investigación judicial y parlamentaria (informes policiales , comunicaciones internas…). En 2024 (ultima desclasificación antes de la del 23 F) se abren los documentos relativos a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.
Pero hay aun muchos episodios históricos que siguen sin desclasificar total o parcialmente, y que serian de gran utilidad para “saldar esa deuda histórica”. la menciona el Presidente y tambien para dar luz sobre la política tardo franquista y de la época de la transición. Muchos documentos siguen clasificados, y podrían aclarar responsabilidades políticas y operativas. Los historiadores llevan años reclamando acceso a esta documentación que incluye información sobre operaciones encubiertas, vigilancia de partidos y movimientos sociales. O información sobre la relación del Estado con la OTAN en los años 80, documentos sobre sobre negociaciones, bases militares y acuerdos secretos, que nunca se han se han desclasificado completamente. O archivos militares del franquismo tardío. Y también la implicación de España en operaciones internacionales de inteligencia, especialmente en la Guerra Fría, América Latina y Oriente Medio. Ya que otros países (EE. UU., Reino Unido) han desclasificado documentos similares. O sobre la gestión del terrorismo en los años 70 y 80, tanto de ETA como como de grupos parapoliciales, ya que la falta de acceso dificulta investigaciones históricas. Y también se reclama más información sobre las relaciones entre Casa Real, Gobierno y Ejército durante la Transición
Todo hace pensar que esta operación responde más a un ánimo de distracción y de llevar la atención publica hacia otros temas que a un auténtico afán de transparencia o rigor. El Gobierno sí que sabía la cantidad de información disponible, pero no su contenido. Y los documentos se publicaron directamente en la web de La Moncloa. La ciudadanía accedió a ellos al mismo tiempo que el propio Gobierno. No hay declaraciones oficiales que indiquen una revisión previa del contenido.
Y se cometió un error técnico. Ya que RTVE informó de un error técnico que permitió ver datos censurados en cuatro documentos durante las primeras horas de publicación. También es verdad que, aunque la documentación era abundante muchos aspectos ya eran conocidos. Aunque los documentos desclasificados del 23‑F han ayudado a ofrecer una imagen mucho más matizada y compleja del intento de golpe de Estado.
La nueva información publicada en 2026 permite reconstruir conversaciones, planes previos, tensiones internas y el papel de actores clave. Entre las principales aportaciones de los documentos desclasificados destaca El papel del Rey y la Casa Real. Los golpistas consideraban al rey Juan Carlos I un “objetivo a batir” y atribuyeron parte del fracaso del golpe a la decisión de “dejar al Borbón libre”. En una conversación desclasificada, el Rey afirma a Milans del Bosch: “Ni abdicaré ni abandonaré España”, mostrando su rechazo a cualquier presión golpista.
Los documentos muestran cómo algunos sectores del CESID conocían o facilitaron movimientos previos al 23‑F. La transcripción de conversaciones clave como llamadas telefónicas García Carrés y Tejero, algunas realizadas mientras Tejero se encontraba dentro del Congreso. Los documentos también han mostrado planes previos y alternativas , como documentos manuscritos que muestran que la operación llevaba tiempo gestándose.
Toda la información desmonta el relato previo de que fue episodio improvisado. Muestra el resultado de meses de conspiración, tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y fracturas en los servicios de inteligencia. También refuerzan la idea de que la intervención del Rey fue decisiva para frenar el golpe, y a la vez muestran que su figura estaba más amenazada de lo que se creía.
El objetivo era instaurar un “Gobierno de Salvación Nacional” o “Gobierno de concentración”, fórmula que ya se conocía por investigaciones históricas previas y que ahora aparece respaldada por documentos manuscritos. Este gobierno habría tenido un carácter militar‑civil, con fuerte tutela de las Fuerzas Armadas y suspensión temporal del orden constitucional. Y se contemplaba la limitación o suspensión de partidos políticos, especialmente los considerados “desestabilizadores”. Con la idea de un presidente del Gobierno de perfil “neutral”, “de prestigio” y aceptable para militares y civiles. Ministerios clave (Interior, Defensa, Gobernación) ocupados por militares. Y Ministerios económicos y sociales en manos de tecnócratas o figuras “de consenso”.
Mientras que el plan del General Alfonso Armada buscaba aprovechar el caos del asalto al Congreso para presentarse ante el Rey como la única figura capaz de “salvar” la situación. Su propuesta consistía en nombrarse presidente del Gobierno con el aval del Rey, y formar un Gobierno de concentración nacional con miembros de todos los partidos parlamentarios. Buscaba presentar el golpe como una “intervención quirúrgica” para restaurar el orden, no como una ruptura militar del sistema. Se mantendría la Constitución formalmente, pero bajo un gobierno tutelado y excepcional. Y entre la lista de representantes de todos los partidos (UCD con Leopoldo Calvo‑Sotelo como potencial Ministro de Economía, PSOE con Felipe González como Ministro de Trabajo, del PCE con Santiago Carrillo o de CiU. Este plan era radicalmente distinto del de Tejero, que quería un gobierno militar puro. Y por eso chocaron. Y es cuando se menciona su frase “¡Yo no he entrado aquí para poner a socialistas y comunistas en el Gobierno!”
Después de todo el revuelo, parece que la figura del Rey queda reforzada pero tampoco cambia demasiado sobre la versión ya conocida.
La nueva ley está paralizada en su tramitación, además de por la falta de acuerdos en general en el gobierno de coalición, porque hay muchos puntos que aun deben ser aclarados. Y, sobre todo, porque esta ley debe suponer una mejora real de la presente y no perpetuar aspectos opacos de la ley actual. En el anteproyecto presentado por el Gobierno en 2025 se establecen plazos máximos de clasificación de 45 años prorrogables 15 años de forma motivada. La desclasificación seria automática una vez cumplidos los plazos.
Establece también nuevas categorías de clasificación. El texto prevé cuatro niveles de protección, alineados con estándares OTAN y UE que son Alto secreto, Secreto, Confidencial y Restringido. El “guardián de los secretos” seria el ministro de la Presidencia (actualmente Félix Bolaños), autoridad encargada de clasificar información, desclasificarla y supervisar el sistema. Esto centraliza la gestión, que hasta ahora era difusa entre varios organismos . Pero mantiene la falta de independencia que no hay en otros países, donde esta misión la cumplen organismos independientes al Gobierno.
La ley implica un procedimiento claro de desclasificación con revisión periódica obligatoria, desclasificación automática al cumplirse los plazos. Incluyendo también la posibilidad de desclasificación anticipada por interés público. Lo que no aclara es si se desclasificarán documentos anteriores a 1981. Otros aspectos que no quedan claros son el régimen sancionador, el papel del Parlamento en la supervisión. Y la retroactividad, qué hacer con documentos anteriores a la ley. Así como la coordinación con archivos militares y del CNI.
Las reacciones políticas a la reforma están polarizadas. Los socios del gobierno (Sumar, Compromís, Más Madrid, ERC, Bildu) exigen que la desclasificación no dependa del Gobierno de turno. Y reclaman que se liberen documentos de la Transición y del tardofranquismo. El PSOE defiende la reforma como un paso hacia la normalización democrática. Y apuesta por aprobarla “este semestre”. El PP pide prudencia y evitar “reabrir debates históricos”. Vox por su parte rechaza revisar episodios del pasado que puedan “erosionar” la Transición. Y defiende mantener amplios márgenes de reserva en temas de seguridad.
No parece evidente que la ley se apruebe en breve. Este movimiento parece una manera de “ganar tiempo” sobre el tema de la divulgación de secretos, que parezca que se está haciendo algo; una maniobra de distracción.
Y sobre todo, cuestiona si las prioridades políticas están alineadas con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Evidentemente la claridad y la transparencia sobre el pasado importa, pero pierde peso cuando no está claro tu presente y tampoco el futuro.
