Luego del pasado referéndum celebrado en Venezuela para supuestamente legitimar mediante la voluntad popular la soberanía de este país sobre el territorio conocido como la Guyana Esequiba, la situación entre estos vecinos sudamericanos se tensa cada vez más.

El pasado domingo, según lo que dicen las cifras oficiales, apenas el 50% del electorado venezolano dio un respaldo del 95% a la propuesta del gobierno de crear un nuevo Estado, el Esequibo, y desconocer de paso cualquier decisión que tome la Corte Internacional de Justicia que pueda dar la razón a Guyana sobre el control del territorio disputado.

La clave está en esa baja participación. El gobierno de Maduro enfrenta un gran descontento de una población que sufre las realidades de vivir en un Estado fallido. Y con miras a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de 2024, donde la candidata de la unidad de la oposición, María Corina Machado, goza de alta popularidad, la apelación al sentimiento nacional sería el recurso de última hora para oxigenar las debilitadas filas del agonizante chavismo.

El escenario, con todas sus diferencias, recuerda un poco al proceso de gestación del conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. En abril de 1982, el país sudamericano se encontraba bajo el dominio de una dictadura militar liderada por Leopoldo Galtieri. En ese momento, su gobierno enfrentaba una seria desaprobación debido a la crisis económica, la inflación que afectaba a la nación austral y los asesinatos, desapariciones y torturas cometidos contra opositores. Galtieri y su círculo cercano concebían que una intervención en las Malvinas podría mejorar la imagen de su gobierno y poner fin a las críticas.

El gobierno militar argentino, consciente de la incapacidad de vencer en el conflicto, pese a esos embargaron la odisea de enfrentar a un enemigo evidentemente superior. Las condiciones del ejército argentino desplegado eran extremadamente precarias. Buenos Aires no se ocupó de proveer suministros esenciales a sus soldados, quienes llevaban armamento defectuoso y carecían de indumentaria adecuada para resistir el riguroso invierno en estas islas. Además, gran parte de estos individuos eran jóvenes con escasa experiencia en combate. El saldo, para no extendernos, 649 muertos (sin contar los más de 400 suicidios de los veteranos con secuelas del conflicto) y alrededor de 1680 heridos. Un alto precio pagado por la clase trabajadora, cuyos hijos, y no los de los «chetos» vinculados a la dictadura, fueron enviados a aquel matadero.

Luego de verse respaldado por la consulta, Maduro ha dado los primeros pasos para reforzar la narrativa. Hace poco, la instauración de la Alta Comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba, conformada por entidades estatales y representantes de la sociedad civil. Simultáneamente, ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba ante la Asamblea Nacional, buscando su aprobación. Este proyecto busca establecer el estado Guayana Esequiba como una entidad dentro de la estructura política y territorial de Venezuela.

En el ámbito militar, se ha informado sobre la activación de la Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba. Asimismo, se ha mencionado la creación de divisiones en empresas estatales con el objetivo inmediato de otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en toda la región de la Guayana Esequiba. También se ha destacado la implementación de un plan de atención social para la población del nuevo Estado y la aprobación de una ley especial destinada a la creación de áreas de protección ambiental en ese territorio, entre otras iniciativas.

El tema de las licencias de explotación roza el ridículo, pues la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), encargada de la explotación de hidrocarburos a nivel nacional, se encuentra en tal situación que no es capaz ni de aprovechar el petróleo con el que cuentan actualmente. La mayoría del llamado «oro negro» es explotado en su mayoría por potencias extranjeras.

Y en el plano militar, que es en lo que más se asemeja el ejemplo argentino, el movimiento podría desencadenar un conflicto militar inédito en las últimas décadas de la historia de la región. Con la creación de la nueva zona militar, Venezuela ha movilizado a miles de efectivos a Tumeremo, una población cercana a la región en disputa. Mientras tanto, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, ordenó el refuerzo de su frontera y aseguró que hará todo lo que esté a su alcance, dentro del ámbito del derecho internacional, para garantizar que su «integridad territorial y soberanía sean preservadas intactas». El mandatario guyanés también ha mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense, quien se comprometió a hacer respetar el derecho de esta nación sobre el territorio.

Tanto en el caso argentino como en el venezolano, las causas son válidas. En el primer caso, no se puede negar el derecho de los argentinos a reclamar soberanía de un territorio anexionado por el imperialismo británico. En el caso de Venezuela, no se puede obviar el interés que existe en la región. Los descubrimientos petroleros de la transnacional en 2015, tanto en aguas guyanesas como en las zonas marinas que reclama Venezuela. Tres años después comenzó la explotación del llamado Bloque Stabroek, con 100.000 barriles diarios en 2020 y cerca de 400.000 actualmente. Como resultado, el Producto Interno Bruto guyanés creció un 57% en 2022.

Aunque ambas reivindicaciones son válidas, solo se han utilizado como un glaseado de nacionalismo cutre y dulzón con el que se trata de hacer digeribles realidades que son insostenibles. Y lo peor de todo es que esas fórmulas que buscan salvar lo insalvable, terminan pagándola, incluso con sus vidas, los trabajadores.