Desde hace años algunos economistas y políticos liberales, como Albert Rivera, repiten que el sistema público de pensiones es una estafa piramidal. Es una afirmación llamativa, pero falsa, ya que comparar las pensiones públicas con un esquema Ponzi supone confundir un fraude financiero con un sistema de protección social regulado por ley.
Una estafa piramidal o esquema Ponzi consiste en prometer grandes beneficios a quienes invierten su dinero, cuando en realidad esos rendimientos no proceden de ninguna actividad económica. Los primeros participantes cobran gracias al dinero que aportan los nuevos inversores, mientras el organizador oculta el verdadero funcionamiento del sistema. Cuando dejan de entrar nuevos participantes, el fraude termina derrumbándose.
Nada de eso ocurre con las pensiones públicas. El sistema español de reparto es conocido por todos y está regulado por ley. Además, las cotizaciones sociales de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados actuales como parte de un sistema público de solidaridad entre generaciones.
Por lo tanto, quienes califican las pensiones de estafa piramidal suelen olvidar otro aspecto esencial y es que las pensiones no dependen únicamente de las cotizaciones sociales, así que si estas no fueran suficientes, el Estado puede financiar las pensiones mediante transferencias procedentes de los Presupuestos Generales. El Estado puede decidir destinar más recursos a las pensiones igual que los destina al empleo, la sanidad, la educación, la industrialización del país, las infraestructuras o cualquier otra política pública.
Eso no significa que el sistema no tenga desafíos. El envejecimiento de la población, la baja natalidad o unos salarios insuficientes reducen la capacidad de financiación, pero ese es un problema de política económica, no la prueba de que exista una estafa.
La verdadera sostenibilidad de las pensiones depende de la capacidad de la economía para producir bienes y servicios suficientes y por eso resulta fundamental apostar por el pleno empleo, por una economía más industrializada que genere mayor productividad y mejores salarios y por políticas que favorezcan la natalidad para garantizar el relevo generacional. Así que cuanto mayor sea la riqueza que produzca un país, mayor será también su capacidad para sostener unas pensiones dignas.
Se puede debatir cuál es la mejor forma de financiarlas o qué reformas son necesarias para reforzar su sostenibilidad. Lo que no es correcto es afirmar que las pensiones públicas constituyen una estafa piramidal, porque ni existe un fraude, ni se engaña a los ciudadanos sobre su funcionamiento, ni el sistema depende exclusivamente de las cotizaciones sociales, ya que cuenta también con la capacidad fiscal del Estado para garantizar su financiación.
