Javier Milei y su arrebato indiscutible de medidas.

Comienzan a llegar las consecuencias de las elecciones del 19 y 22 de octubre, y es que Javier Milei no ha querido esperar ni a Año Nuevo para empezar a legislar en búsqueda de la total liberalización de la economía de Argentina. En este primer asalto, el presidente decreta una serie de 366 medidas en forma de Decreto de Necesidad y Urgencia, una norma que fue muy recurrente y normalizada durante la crisis sanitaria del COVID-19, y ahora ha vuelto a tomar protagonismo con la situación económica actual. Este tipo de norma tiene la peculiaridad de que no ha de ser negociada con la Cámara de Diputados ni con el Senado, aunque tras su puesta en vigor puede ser tumbada por ambas cámaras. El nuevo conjunto de privatizaciones y recortes del poder económico del Estado es directamente puesto en vigor por mandato del presidente, con el beneplácito y participación de sus ministros. El Decreto recomienda al ejecutivo evitar legislar sobre materia penal, tributaria o electoral.

No ha habido tiempo para asumir la totalidad de las medidas ya en vigor.

Entre las reformas que más se han hecho eco se encuentran una serie de derogaciones contra la propiedad del Estado, como la legalización de la privatización de las empresas públicas (buscando la conversión de las mismas a sociedades anónimas susceptibles de ser fraccionadas en acciones), la derogación de la Ley de Sociedades del Estado o la derogación del sistema nacional de comercio minero.

¿Se modifica también la vida de los argentinos?

Si hablamos de reformas que afectan directamente al día a día de la ciudadanía, nos encontramos con cambios en el sistema de recetas médicas (o «remedios», como allí son conocidos): Se pasa del sistema de receta con archivo físico a uno digitalizado y apoyado en plataformas de teleasistencia, y con la privatización y liberación de  medicamentos de venta libre, que ya no pueden ser recomendados por un especialista y deberán ser abonados por el consumidor en su totalidad y también podrán distribuirse fuera de las farmacias. Todo esto ha provocado un paro nacional y diferentes protestas por parte de los farmacéuticos desde el día 2 de enero.

Muy popular ha sido también la modificación del régimen de alquiler de inmuebles, autorizando pagos en cualquier moneda y liberalizando las subidas y bajadas del precio del alquiler, pudiendo acordarse sin límites por las partes contratantes.

En cuanto al sistema laboral, se aumenta el plazo en el que un trabajador puede encontrarse en periodo de prueba de 3 a 8 meses, se reduce la base para el cálculo de las indemnizaciones por despido, y se disminuye la baja mínima de maternidad de 30 a 10 días, si así lo acordase la persona afectada con la empresa.

Ni las aerolíneas se han librado de este tsunami liberal, y es que con la entrada en vigor del DNU, el 29 de diciembre, se eliminan los límites en precio mínimo de los billetes de avión y las exclusividades en cuanto a ofrecer servicios en una ruta aérea determinada, aunque aún se posibilita la subvención por parte del Estado a las rutas menos solicitadas que sean de interés nacional. Volviendo a la capacidad económica del Estado, se modifica la ley que obligaba al estado a subvencionar el déficit de las aerolíneas. Gracias a esta nueva normativa se posibilita la entrega total de las acciones de las aerolíneas a los empleados, impidiendo, eso sí, que el desistimiento de los mismos empleados otorgue toda la propiedad a una sola persona.

Teniendo en cuenta la naturaleza futbolera de gran parte de los argentinos, otra reforma que no ha pasado desapercibida ha sido la modificación de la Ley de Deportes en cuanto a posibilitar la privatización de los clubes que lo consideren pertinente, así como su conversión a sociedades anónimas.

Todas estas medidas han sorprendido a la sociedad argentina, que no se esperaba tal avalancha. Y, sin tiempo para el análisis y para la creación de discursos alternativos, los medios de comunicación se han lanzado a exponer a los argentinos cómo se verán afectadas sus vidas.Por ahora, la Corte Suprema no se ha pronunciado a favor ni en contra, decidiendo esperar al fin de la feria judicial de enero para tomar partido. Mientras, Javier Milei amenaza con una consulta popular si alguna de las cámaras del legislativo reúne los suficientes apoyos para tumbar su decreto.