Tras evaluar el último informe de la comisión sobre el Estado de Derecho en la UE, el Parlamento Europeo pidió que se abordarán cuestiones fundamentales que evidencian la persistencia de graves problemas en relación con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, especialmente en algunos Estados miembros. Por ello este tema fue debatido, tratado y votado en la sesión del Parlamento que tuvo lugar el miércoles 28 de Febrero.

Las cuestiones identificadas en este informe y que han sido denunciadas por algunos eurodiputados, están ligadas con la justicia, la corrupción y las amenazas a los denunciantes, el estado de las autoridades independientes y la protección de los periodistas frente al espionaje, las amenazas y los pleitos abusivos

Este tema es de los que se denominan «petición propia», en los que un grupo de parlamentarios pide que se evalúe una temática o problemática concreta.  En este caso a principios de Enero se hablo ya de una cierta preocupación destacándose explícitamente casos concretos de países miembros como:

Justicia y procesos judiciales, que incluyen las reformas hechas en Eslovaquia y la ley de amnistía en España, corrupción y los ataques a los denunciantes de casos de corrupción, la situación de Malta y sus «visados de Oro» el desarrollo de Spyware en Grecia, y el pluralismo y libertad de los medios y los periodistas (incluyendo las amenazas a periodistas).  

Se reconoce que pese al marco legal, la Comisión en algunos aspectos es «demasiado diplomática» o imprecisa en algunas ocasiones y pide de nuevo la creación de un mecanismo integral y completo para este tipo de situaciones que erosionan el Estado de Derecho y los principios básicos de la UE.  Antes de llevarlo al Parlamento se vota entre el Comité Responsable. Con estos resultados 42 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.  Los parlamentarios españoles que votaron a favor fueron Javier Zarzalejos y Leopoldo Lopez Gil, del Grupo del Partido Popular Europeo (P.P), Adrián Vázquez Lazara Grupo Renew ( Ciudadanos) y  en contra Juan Fernando López Aguilar y Javier Moreno Sanchez, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (Psoe); Jorge Buxadé del  Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (VoX) votó con abstención.

Posteriormente esta petición se lleva al Parlamento Europeo, concretamente a la sesión del miércoles 28 donde se sometió a votación. En esta sesión parlamentaria se explicaron los aspectos que más preocupaban y las peticiones de acciones a tomar, citamos aquí el literal de las notas de la sesión que mencionan directamente a España, (aunque también se hacen menciones a otros estados miembros según las temáticas).

La Comisión encuentra amplias disparidades entre los Estados Miembros de la UE, en términos de independencia judicial y salvaguardias. Mientras hay países con importantes desarrollos en este aspecto como Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Italia, Suecia, Finlandia y Hungría la Comisión está preocupada y deberán ser revisados en Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, España y Chipre, con la preocupación de que ciertos procedimientos disciplinarios pueden estar siendo usados como medios de reprimir la independencia judicial.

«Este grupo se lamenta de las continuas dificultades que muchos ciudadanos, periodistas y parlamentarios de algunos estados miembros con las que se enfrentan para acceder a ciertos documentos. Subrayando que, demasiado a menudo las autoridades públicas deliberadamente frustran y obstaculizan el acceso a información y documentos. Con retrasos desproporcionados, o dando accesos artificiales ya que solo se obtiene información parcial.  La Comisión admite que algunos países activamente ya han tomado medidas como la República Checa, Lituania y Eslovaquia, pero otras aún están trabajando en ello como Alemania, España, Croacia, Luxemburgo y Hungría. Y países que no expresan ningún tipo de preocupación o han iniciado medidas al respecto como Malta, Austria y Finlandia, siendo grave el caso de Malta.

Se hace mención expresa al Gobierno Español y la futura adopción de la ley de Amnistía, reconociendo la cuestión, y habiendo recibido opiniones y preocupaciones ante los avances de esta ley por parte de jueces, abogados, académicos y sociedad civil. Indicándose que la Comisión ya ha escrito al gobierno español para pedir explicaciones. Enfatizando que este proceso precisa de una evaluación independiente, para lo que convoca al Gobierno de España a proveer de total transparencia a las instituciones europeas sobre esta ley de amnistía.  Mencionándose que el Senado Español ha pedido a la Comisión de Venecia sobre la constitucionalidad y el cumplimiento de esta ley de amnistía con las reglas y estándares europeos.  También lamenta la ya larga situación de bloqueo en la renovación del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) . Tema sobre el que la comisión ya ha dado recomendaciones específicas a las autoridades españolas

Se condena la vigilancia o monitorización ilegal de periodistas, en particular a través de spyware. Ya se emitieron unas recomendaciones y reitera que ciertos países no han cumplido las condiciones específicas, citando a Chipre, Grecia, Hungría, Polonia y España

Se reconoce el rol crucial de la sociedad civil y que se disponga de un espacio civil sano para proteger y defender el estado de derecho. Mientras que Malta, Irlanda, Bulgaria, Lituania y Alemania ya han implantado iniciativas para garantizar el espacio a la sociedad civil, países como España, Chipre, Grecia; Italia y Francia se enfrentan con importantes retos para tener un espacio adecuado para la sociedad civil, indicando la importancia de las asociaciones cívicas u organizaciones sociales independientes (CSO´s) como garantes del Estado de Derecho y la vida en democracia.

Se explica también en esta sesión que los valores fundamentales de la Unión Europea (democracia, Estado de derecho y derechos fundamentales) no pueden darse por hecho, y que son la condición previa para la libertad, seguridad y prosperidad, por lo que han de ser defendidos cada día.

Pero estos valores están siendo sometidos a presión, en algunos Estados ya no se cuenta con un sistema judicial independiente, libres y justas elecciones ni se protegen los derechos.  

La ponente Sophia IN ‘T VELD del Grupo Renew Europe cerró su discurso con unas duras palabras: «El informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión debe tratar a los Estados miembros objetiva y equitativamente. Las presiones políticas de los Gobiernos no deben influir, porque los europeos tienen el derecho a conocer la situación del Estado de Derecho vivan donde vivan». Por lo que se pide (y es lo que se sometió a votación) que se tomen acciones, comenzando con una monitorización integral de la situación. El Informe de 2020 de la comisión sobre el Estado de Derecho fue completo y clarificador, pero se debe ir más lejos sin “timideces” sobre situaciones concretas de Estados incumplidores. 

La propuesta fue respaldada por 374 eurodiputados, 113 votaron en contra y 45 se abstuvieron.