Que el Gobierno más progresista de la historia de España es en realidad la mayor estafa de la historia de nuestra patria, es algo que a día de hoy muy pocos dudan exceptuando sus mayores acólitos, los cuales se reparten fundamentalmente entre quienes se mueven en el área de influencia de los lobbies que mejor se relacionan con el actual ejecutivo, y quienes todavía romantizan una izquierda que hace décadas dejó de ser lo que era y de aspirar a cualquier ideal emancipatorio de la clase trabajadora, viviendo la política actual como un partido de fútbol tras el cual no hay ningún tipo de fondo.
Entre tantos problemas que están quedando sin resolver en estos años, hay uno de ellos que supone un auténtico drama: el de la vivienda. A la burbuja del precio de compra de la vivienda, que empezó a crecer de forma desmesurada hacia finales de los años noventa con las políticas del PP de Aznar, le siguió el pinchazo de la misma y en conjunción con la crisis internacional originada por la caída del mercado de las hipotecas subprime, supuso un doble estrangulamiento a la economía española, ya perfectamente dependiente a nivel internacional y asentada en el sector del ladrillo.
Las perspectivas para las constructoras, durante unos buenos años, pasaron a ser bastante jodidas. No obstante, la población española siguió demandando acceso a la vivienda, ya que seguía adoleciendo de ese vicio de querer dormir bajo un techo. Es en este contexto cuando nace una nueva burbuja, la de los alquileres. A lo largo de los siguientes años, éstos comenzaron a subir paulatinamente, sobretodo en las grandes ciudades, superando ya en los últimos años los precios previos a la gran crisis y haciendo ya imposible para gran parte de la juventud emanciparse, con viviendas modestas al precio de un salario completo e incluso alquileres habitacionales a costes inasumibles para alguien que no trabaje a jornada completa, y a veces, ni aun así.
Bajo ese panorama, diversos colectivos se movilizaron reivindicando el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, el cual reza en su primer párrafo: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.» Las movilizaciones calaron en un sector de la juventud harta de no poder tener expectativas, ni vivienda ni trabajo digno. En paralelo, el movimiento contra los desahucios, otro drama perfectamente relacionado, crecía y se estructuraba. Todo esto tendría su eclosión en las acampadas del 15-M en el año 2011 y terminaría a posteriori evolucionando en la creación de Podemos y las confluencias de la que gustaba llamarse a sí misma izquierda a la izquierda del PSOE, perfectamente repletos de todos aquellos personajes que utilizaron las movilizaciones ciudadanas y los movimientos sociales como escaparate en su prometedora carrera política.
Pero con la llegada de tan combativa izquierda al Gobierno del Estado de la mano del PSOE, estas esperanzas no tardarían en disiparse. De igual modo que aquel «derogaremos la reforma laboral» que pasó a ser «técnicamente, no podemos derogar la reforma laboral», el Gobierno más progresista de la historia sometió a la clase trabajadora española a un nuevo truco de ilusionismo. Durante la pandemia se aprobó el llamado «escudo social», se jactaba de haber prohibido los desahucios, mientras que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunció que en 2020, el peor año del Covid-19, hubo se ejecutaron 29.406 de ellos. Como siempre, la letra pequeña jugaba en beneficio de los poderosos.
La evolución del precio de la vivienda en alquiler lleva un marcado ritmo de crecimiento desde septiembre de 2014, cuando se situaba en 7,1€ por metro cuadrado, estando a día de hoy a 13€ según datos aportados por el portal Idealista y actualizados hasta abril de 2024. Un precio casi duplicado en 10 años. Durante la última legislatura, el precio descendió inicialmente coincidiendo con la pandemia, para volver a remontar con fuerza y batir récords en los últimos dos años. Pero la generación que lideró aquellas movilizaciones hoy en día forma parte del Gobierno que perpetúa el problema y ningún partido del arco parlamentario parece tomárselo en serio.
Nuestro país necesita con urgencia un Plan Nacional de Vivienda que sirva de herramienta para dar salida habitacional y a un precio accesible. Para ello es necesario un potente parque de vivienda pública, al mismo tiempo que también urge sacar al mercado aquellas miles de viviendas vacías que, sin ser una segunda residencia, sólo tienen como objetivo prestarse a la especulación inmobiliaria. En definitiva, es necesario acabar con el mercado especulativo y financiero donde se haya la raíz del problema, aunque para ello es necesario estar en disposición de tomar medidas valientes y tener capacidad para llevarlas acabo, comenzando por la reforma constitucional.
