El asesinato de Mateo ha sacado a relucir la responsabilidad de las personas con problemas mentales en la comisión de delitos y su entrada en prisión
«Todos somos iguales ante la ley». El artículo siete de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa la igualdad de las personas ante la ley. La afirmación es refrendada por la Constitución Española en su artículo número 14. Con la legalidad y la igualdad por delante en los textos legislativos, la ambigüedad de los ordenamientos jurídicos marca la actualidad.
No es extraño el debate de la salud física y mental en la política española. Desde el aumento de los suicidios hasta la lucha de los enfermos de ELA en el Senado, encabezados por Juan Carlos Unzué, marcan la amalgama de posibilidades para diversificar el debate.
El asesinato de Mateo, quien no superaba los once años, ha abierto un nuevo frente –cuanto menos espinoso– en la legislación jurídica en España. La discapacidad del asesino, que se encuadra entre el 60 y el 70%, ha reforzado la defensa de su padre, quien encubrió a su hijo. «Lo han tratado como un loco» […] «Está sano y es listo, no toma ninguna medicación», expresó ante los medios de comunicación.
Sin la confesión del asesino ante las autoridades, los antecedentes reflejan condenas diferentes para las personas que alegaron algún tipo de trastorno mental. La resolución de diferentes expertos en la materia aporta una frase clara: «padecer una discapacidad o un trastorno no garantiza necesariamente una absolución en los tribunales».
Resoluciones de asesinatos similares
La normativa, pese a ser clara en este aspecto, abre el espacio en el debate moral y la responsabilidad jurídica. La regla general marca que los autores de este tipo de delitos terminan en centros psiquiátricos, de manera que evitan su entrada en la cárcel. Noelia de Mingo, quien terminó con la vida de varios de sus pacientes en Madrid, fue condenada a 25 años en el centro psiquiátrico de Fontcalent. Con 15 años de condena cumplidos, fue liberada, tras lo que volvió a terminar con la vida de dos personas en el año 2021.
Refrendando el mensaje de los expertos, no siempre la enfermedad puede evitar la entrada en prisión. El conocido como el ‘Descuartizador de Majadahonda’, terminó con la vida de su tía y de su inquilina y las descuartizó en una licuadora. Fue condenado a 27 años de prisión y la premeditación fue clave en el proceso judicial para certificar su entrada en la cárcel.
En la larga carrera judicial que espera en el horizonte, y con los agravantes del delito al ser la víctima un menor de edad, el juez tendrá que tomar una decisión. Parece que el destino será la cárcel o un centro psiquiátrico; sin embargo, si el asesinato no ha sido realizado de manera consciente, el caso entraría en una nueva esfera judicial.
