Uno de los últimos estudios publicados por el CIS evaluaba la opinión pública sobre la política fiscal, incluyendo preguntas relativas a la valoración sobre el funcionamiento de los servicios públicos, los impuestos, el fraude fiscal, y el concepto de ser un «buen ciudadano», entre otros temas.

Este estudio se realiza anualmente. Las entrevistas fueron realizadas a principios de julio, por lo que todavía no se había acordado la investidura de Illa y la consecuente cesión de impuestos a Cataluña. Por tanto, este posible nuevo «régimen especial» o concierto fiscal no ha tenido efecto en las respuestas de los entrevistados.

Como primer aspecto se ve que, según los españoles, para considerar a alguien como buen ciudadano es muy importante ser responsable y honesto (69%), no evadir impuestos (52% menciones), cumplir siempre las leyes y normas (51%), votar (38%) y ser solidario (34%).

El funcionamiento de los servicios públicos es un tema de conversación recurrente para los españoles: un 70,4% habla con mucha o bastante frecuencia sobre su funcionamiento.  Y no parece que estas conversaciones sean muy positivas, ya que la opinión es bastante crítica con el funcionamiento de distintos servicios públicos: un 73% opina que la Administración de Justicia funciona poco o nada satisfactoriamente, un 60% expresa esta misma opinión para la ayuda a personas dependientes, y un 50% es crítico con las obras públicas (Carreteras, depuradoras…). Los servicios que se considera que funcionan mejor (muy o bastante satisfactoriamente) son Transporte Publico (60%) y la Seguridad Ciudadana (53%).

Aunque existe un alto grado de acuerdo con que los impuestos son necesarios para poder prestar servicios públicos (el 56% considera que es la opción que mejor refleja su opinión sobre los impuestos) hay un 27% de españoles que piensa que «los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué».  Este estudio también profundiza sobre si se dedican demasiados, los necesarios o muy pocos recursos a distintos servicios públicos. Los servicios donde claramente se consideran insuficientes recursos son vivienda (80%) y la investigación en ciencia y tecnología (80%), sanidad (77%) y el medio rural (74%).  Son pocas las partidas en que se considera que se gasta demasiado, destacando Defensa (24%), protección al desempleo (14%) y Cultura y Obras Públicas (11%).  Aunque es destacable que en la lista no están incluidas partidas como Igualdad, políticas feministas, o política exterior, entre otras.

La mitad de la población (50%) considera que teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, el conjunto de la sociedad se beneficia poco de lo que se paga tanto en impuestos como en cotizaciones. Y ya bajando a nivel personal o familiar, un 60% considera que recibe menos de las administraciones públicas si se compara con lo que paga.

Cuatro de cada diez personas piensan que en España se pagan muchos impuestos, el 40% piensa que pagamos más que los países más avanzados de Europa y sólo un 19% piensa que se cobran con justicia (paga más quien más tiene).

Un punto interesante es la gran percepción que se tiene de que España es un gran defraudador, el 89% cree que existe mucho o bastante fraude fiscal.   Se «sospecha» más de los autónomos y profesionales, pensándose que se miente menos sobre los ingresos al hacer la declaración del IRPF que al declarar los ingresos para la liquidación del IVA.

Hasta cierto punto se legitima el no declarar todos los ingresos, ya que el 28% cree que los salarios bajos y la escasez de empleos motivan a trabajar en negro o aceptar trabajos que luego no se declaren (como facturas sin IVA). Pero como siguiente razón para defraudar en peso seria ese 20% que cree que los que más recursos disponen, tienen más vías para evitar pagar impuestos ocultando ingresos.

Por eso hay acciones para evitar pagar impuestos que son más tolerables que otras. Para una gran mayoría (95%) es intolerable que una gran empresa eluda pagar el Impuesto de Sociedades. Si la empresa es pequeña hay mayor «perdón», pero igualmente un 87% considera que es intolerable. Siendo la actuación que genera un mayor rechazo (96%) la considera poco o nada tolerable recibir una prestación social a la que no se tiene derecho (como una enfermedad falsa para conseguir baja o cobrar desempleo si se está trabajando).  Aunque también se condena hay una cierta mayor tolerancia a las infracciones ligadas al IVA y los autónomos. Un 20% considera que es muy o bastante tolerable pagar sin factura de reparaciones domésticas para no pagar IVA, o ser autónomo y no pagar IVA o pasar gastos personales como gasto de autónomo (10% lo tolera en ambos casos).

Al ciudadano le preocupa que el fraude disminuya los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones (26% expresa esta opinión), pero se percibe como más grave el efecto desmotivador entre los que sí pagan según las normas (19%) y las injusticias que crea, puesto que el que paga tiene que compensar lo que dejan de pagar otros (37%). 

Hay una opinión generalizada (68% de acuerdo) que si la gente no engaña más a hacienda es por miedo a una inspección.    Esto a pesar de que un 60% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude. Sólo un 16% cree que la Administración hace muchos o bastantes esfuerzos por explicar el destino de los impuestos.  

Como colofón a la encuesta se pregunta sobre la percepción de las desigualdades sociales, donde sólo un 7% cree que en España hay poca desigualdad social, un 42% cree que en algunos aspectos hay importantes diferencias en otros no. Y el 50% que cree que hay grandes desigualdades en general.

El 30% de la población es muy liberal en cuanto a lo económico, considerando que el Estado no debía intervenir nada o lo mínimo (solo en situación de desajuste) en la vida económica. Un 48% considera que si debe intervenir, pero respetando la iniciativa privada y sólo un 18% cree que el Estado debería intervenir en toda la vida económica.

En la valoración de la política fiscal y los impuestos hay aspectos muy igualados entre los distintos grupos, pero también se presentan interesantes diferencias según la ideología que se tenga (partido votado en las últimas elecciones) lo cual tiene su lógica, pero también hay aspectos con opiniones claramente diferenciadas en algunos grupos de edad o clase social. Y se destaca que, incluso votantes de los partidos que forman el actual gobierno, no valoran muy positivamente ciertas actuaciones relativas al gasto público.

Podríamos destacar que los entrevistados más jóvenes (18-34) son más críticos con la gestión de las pensiones. Las personas de más de 45 años consideran que los recursos destinados a seguridad ciudadana son insuficientes de manera más acusada que el resto.

Las clases más bajas (según el criterio de autopercepción del CIS) son las que menos creen que los impuestos son un medio para redistribuir la riqueza y que son necesarios para el pago de los servicios públicos. Sin embargo, uno de cada tres personas de este grupo socioeconómico considera que «Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué». Las clases bajas y trabajadoras también son mucho más críticas con los insuficientes recursos dedicados a sanidad. Son las clases altas y medio altas las que reclaman más que la media recursos para investigación.  Las clases más bajas son las que más creen que en España se pagan más impuestos que en Europa, con gran diferencia de las clases más altas. Hay un gran grado de igualdad entre todas las clases a la hora de valorar el poco esfuerzo del gobierno por explicar el destino de los impuestos.

Destacamos algunas diferencias notables según ideología y también destacamos casos curiosos de opinión compartida entre ideologías teóricamente antagónicas. Así, la mitad de los votantes del PSOE, PP, PNV y Vox creen que cumplir las normas es muy importante para ser buen ciudadano. Esta opinión no es tan común para el votante de SUMAR (sólo el 37% considera que esto es importante). Igual sucede con el votante de Junts (23%), y votantes de Bildu (24%). El votante de SUMAR es el que más habla en su entorno sobre el funcionamiento de los servicios públicos, que además es muy crítico con los recursos dedicados a vivienda. El votante del PP Y PSOE es el menos crítico con el gasto en pensiones, igualándose la percepción de escasez de recursos para esta partida entre los votantes de VOX, Sumar y todos los partidos independentistas. Los votantes de Sumar, Junts y Bildu destacan por creer más que la media que hay un alto nivel de fraude fiscal. El votante de Sumar es el que más cree que el Gobierno se esfuerza poco o muy poco por luchar contra el fraude. El votante de Vox y el de Sumar se ponen de acuerdo en algo son los que más creen que que el Gobierno hace pocos o muy pocos impuestos en explicar el destino de lo recaudado.

En un año que se avecina complicado fiscalmente, y considerando la percepción de la política de impuestos y servicios públicos, la fuerte insatisfacción social va a ser un hecho.