A finales de septiembre hemos sido testigos de tres tragedias en el océano Atlántico en la ruta migratoria africana que tiene como destino el archipiélago canario. La primera el día 26 se produjo en las costas de El Aaiún (Sáhara Occidental ocupado), murieron 24 personas al naufragar la embarcación neumática y sobrevivieron dos rescatadas por un pesquero. La segunda se produjo un día después, el 27, la embarcación que partió desde Tan Tan (Marruecos) quedó a la deriva, y terminada el agua de los 62 pasajeros, murieron 24 personas y sobrevivieron 38 que rescató una patrullera marroquí. La tercera, otro naufragio producido el pasado día 28 donde desaparecieron 54 personas y 9 halladas sin vida pudieron ser enterradas, se cree que la embarcación partió desde Nuadibú (Mauritania).

En 2023 en esta ruta migratoria murieron 959 personas sin contar a los desaparecidos según informes de la ONU y en lo que va de año sin contar las víctimas recientes 781 personas han perdido la vida en el mar. Esto se debe al efecto llamada, donde interfieren numerosos agentes entre los que destacan las mafias de trata de personas, que ven la inmigración como una forma de lucro al igual que otros grupos criminales. Poco les importa la peligrosidad de la ruta o el mal estado de las embarcaciones, la mala previsión de los víveres o el exceso de carga.

La situación en Canarias es grave. Los servicios de acogida están colapsados por la afluencia masiva de inmigrantes, la solución al problema se ha buscado en el reparto de la carga migratoria entre otros territorios de España. En el mes de septiembre llegaron 5284 inmigrantes y el ritmo de crecimiento se sitúa ya en un 105,7%. Al mismo tiempo la criminalidad en las islas aumentó el primer semestre en un 7,5% con respecto a 2023 según datos del Ministerio del Interior. Según datos del INE de 2023 un 20,11% de los delitos fueron cometidos por inmigrantes en Canarias, cifra que se elevaría contando los delitos cometidos por personas en situación irregular y por los inmigrantes nacionalizados. 

La inmigración ya es el asunto que más preocupa a los españoles según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el fenómeno migratorio masivo a día de hoy no tiene fin.

Pero vayamos a uno de los países de tránsito y emisores de inmigrantes desde donde parten numerosas embarcaciones: Senegal.

No hace mucho, el 10 de septiembre 26 personas murieron en las costas senegalesas, su destino era Canarias, otro barco a la deriva fue hallado con 38 personas muertas en Dakar . El 24 de septiembre hubo un juicio en el Tribunal Superior de Mbour (Senegal) donde comparecieron 16 acusados por “tráfico de migrantes”, “tentativa de tráfico de migrantes” y “estafa”. Senegal sufre una fuga de su juventud, muchos mueren en el mar, el presidente Bassirou Diomaye Faye anunció una “caza incesante de los traficantes” creando un número de teléfono gratuito para denunciar a los traficantes. 

El proceso judicial revela cómo se desarrolla el negocio del tráfico humano. Existen cuatro figuras clave: los reclutadores que van al encuentro de los inmigrantes, los anfitriones que alojan a los inmigrantes en la costa, el organizador que recauda el dinero y organiza el viaje, y los capitanes que dirigen las embarcaciones. Una de las víctimas protegida por la inmunidad para las víctimas de la trata de personas prevista por la ley contó durante el juicio su viaje desde su tierra natal en Senegal hasta el lugar donde se alojo durante cinco días y su transporte en taxi a la playa desde donde embarcaron mas personas de las que podía aguantar el cayuco, todos ellos tenían los móviles requisados por los organizadores. Esta persona contó que había pagado 480.000 francos CFA (732 euros), tras no poder zarpar le volvieron a pedir 300.000 francos CFA más para volver a embarcar. Es habitual que se cobre pasaje aunque no se pueda zarpar en la fecha señalada.

Según datos de las autoridades senegalesas el número de interceptaciones ha aumentado de 25 en 2023 a 61 en el primer semestre de 2024, debido a un aumento de las salidas y la profesionalización de las fuerzas de seguridad senegalesas. El tráfico de inmigrantes está penado en Senegal de 5 a 10 años de prisión y una multa de entre 1 y 5 millones de francos CFA (de 1.524 a 7.622 euros), muchos expertos en el país africano opinan que se debería endurecer las condenas por este delito para disuadir a las organizaciones criminales.

El actual gobierno senegalés esta en proceso de implementar un ambicioso plan de reformas para desarrollar la economía y el bienestar de la población, el Presidente Bassirou Dimoaye Faye ha declarado que el gobierno trabaja para dar empleo a los jóvenes, pues son ellos los que se marchan mayoritariamente, también declaró que las familias debían dejar de presionar a los jóvenes para irse del país. 

En el caso de Senegal hay algo más que hay que resaltar, y son las consecuencias de los acuerdos de pesca  con la Unión Europea de 2019, que perjudican a los pescadores nacionales así como los barcos chinos que pescan bajo bandera senegalesa en cooperación con socios senegaleses, ambos realizan una pesca industrial con la que la pesca tradicional no puede competir. Los beneficios del acuerdo para el estado senegalés son muy inferiores comparados con los obtenidos con la pesca, son 1,7 millones de euros anuales frente al beneficio de 140 millones de euros que genera la pesca. Unas 600.000 personas se dedican a la pesca artesanal. El tráfico humano aquí se presenta como una alternativa económica o como actividad complementaria, que se suma a los intereses de las organizaciones criminales que se lucran con esta actividad, el resultado es más embarcaciones disponibles y más dinero para las mafias. Sin embargo el gobierno senegalés a manifestado querer renegociar los acuerdos de pesca.

Las soluciones solo pasan por más financiación y reparto de inmigrantes, no se habla ni de control de fronteras ni de acabar con el efecto llamada, mientras Instituciones como el Banco Central Europeo y la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) piden más inmigrantes. A esto se le suman acuerdos que solicitan trabajadores inmigrantes entre España y Mauritania y el de Alemania y Kenia, teniendo ambos países altas tasas de desempleo.