Entre paraguas y escoltas. Así llegaban el domingo 3 de noviembre de 2024 los reyes, el presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente del gobierno de España a la zona cero tras las inundaciones de la DANA. Les recibió un tumulto de vecinos de Paiporta que, ante la indignación por el abandono de las instituciones, comenzaron a lanzar bolas de barro a la comitiva y a gritarles insultos e improperios. «Asesinos» fue lo más leve que se dijo. Ante esta situación, y no seré yo quien defienda a la Casa Real, pero al César lo que es del César: los únicos que mantuvieron el tipo fueron los monarcas, acercándose como buenamente podían a los vecinos y escuchando sus demandas. Mientras tanto, Carlos Mazón, como un niño asustado y avergonzado, se escondía detrás del rey, y a Pedro Sánchez, intentando huir del escenario con disimulo y el rabo entre las piernas, le apaleaban el coche. En fin, que el abrigo que traían de poco les sirvió porque se fueron calentitos.
Habían pasado cinco días desde las inundaciones y, ante la pasividad de ambos gobiernos, una serie de preguntas recorrían la sociedad valenciana como un secreto a voces: ¿por qué nadie hace nada? ¿Hay alguna explicación para que el gobierno autonómico (PP) no haya incrementado el estado de emergencia al nivel 3? ¿Y alguna que explique por qué el gobierno central (PSOE) no haya establecido todavía el estado de alarma por decreto? Los coches volcados y las montañas de escombros taponaban las calles de media provincia, y en barrios enteros, sin luz ni agua corriente, se sucedían los saqueos noche tras noche, tanto a establecimientos como a domicilios particulares. ¿Por qué no han movilizado suficientes fuerzas de seguridad del Estado, a los bomberos o al ejército en la tragedia natural más grande que ha vivido el país en democracia, si las primeras 24 horas son cruciales para encontrar desaparecidos?
La respuesta a estas preguntas es sencilla, aunque sobrecogedora.
La triste realidad es que días después del paso de la DANA por la provincia de Valencia, donde las inundaciones habían dejado a la gente sin hogar, sin negocio e incluso sin sus seres queridos, las instituciones habían dado la espalda a la sociedad. Sin embargo —y aquí está el quid de la cuestión—, esa omisión de socorro no fue únicamente por motivos competenciales, como pretenden hacernos creer, ni errores burocráticos. Simplemente, no quisieron hacerlo. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, rivales acérrimos en el perverso juego de la política, estaban haciendo un pulso por ver si caía el gobierno del otro. Fueron tan miserables de ir culpándose unos y otros mientras los cadáveres flotaban en los garajes y la lista de desaparecidos no se reducía un ápice. Para lo único que hubo coordinación fue para manipular el número de fallecidos. Distópico y orwelliano quizás, pero la realidad que vivimos.
No olvidemos que fue la sociedad civil, en una avalancha de solidaridad que recordarán generaciones, la que se echó a la espalda las responsabilidades de ayuda y socorro que los gobiernos de los dos partidos políticos más grandes del país, ocupados en su juego de tira y afloja, habían omitido. Escribo esto una semana y dos días después de las inundaciones y la situación continúa igual. Pese a que se ha aumentado la presencia de policías, bomberos y militares en la zona, siguen faltando efectivos. Con el tiempo que ha pasado ya, ni están ni se les espera.
Ante esta situación, se abre un debate social sin precedentes en la historia democrática reciente: ¿sirve realmente el Estado para algo más que para recaudar impuestos y que la clase política —inepta, oportunista y negligente— mantenga su negocio de redes clientelares a costa del pueblo? Ya sabíamos que los políticos habían parasitado las instituciones, que eran incapaces de atender a las demandas del día a día e incluso habíamos normalizado, de forma perniciosa, la corrupción. Males menores, pensábamos. Sin embargo, estábamos convencidos de que un Estado de derecho y democrático como el español sería capaz de actuar de forma contundente y eficaz en un caso de extrema urgencia, como es una catástrofe natural que afectase a sus ciudadanos. Pero no fue así. Culpa nuestra, quizás. Fuimos inocentes y despreocupados.
En definitiva, las inundaciones de la DANA no solo arrasaron media provincia de Valencia. No solo destruyeron hogares, arrastraron coches como barcos de papel y quitaron la vida a cientos (o miles) de personas. También arrancaron de raíz la poca confianza que los ciudadanos todavía depositaban en la clase política, y con razón.
Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál será nuestra respuesta? El Estado ha fallado y «solo el pueblo salva al pueblo». Las reflexiones se las dejo al lector.
