España y Marruecos han compartido una relación compleja, marcada por una historia plagada de conflictos y tensiones territoriales. Esas tensiones se manifiestan hoy día en cuestiones como el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, las aguas de Canarias y el chantaje migratorio que Marruecos utiliza como herramienta de presión. Sin embargo, el tratamiento de estas cuestiones por parte de los sucesivos gobiernos españoles deja mucho que desear y pone de manifiesto una preocupante debilidad geoestratégica.
El caso del Sahara Occidental ilustra claramente el problema. España abandonó el territorio en 1975 en favor de la invasión marroquí del territorio, evento conocido como Marcha Verde. Marruecos, desafiando el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, que reconoce a España como potencia administradora del Sáhara, ocupa cada vez más el Sahara Occidental e impone un régimen represivo y colonial sobre el pueblo saharaui. Los gobiernos españoles han optado por una postura ambigua y cobarde, cediendo a las presiones marroquíes. La cesión del Sahara, auspiciada por Juan Carlos I para obtener el respaldo estadounidense, representa uno de los episodios introductorios a la Transición española.
En la actualidad, Pedro Sánchez es un claro ejemplo de esta débil política exterior. En 2022, su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental supuso un duro golpe para el Frente Polisario. Esta unilateral decisión ahondó en la frustración de los saharauis y creó tensiones con Argelia, que dejó de suministrar gas a España. Sánchez justificó este movimiento como una forma de garantizar la estabilidad, pero en realidad se trató de un claro sometimiento a los dictados magrebíes.
Las ciudades de Ceuta y Melilla son otro punto de fricción. Marruecos ha reclamado históricamente estas plazas, considerándolas enclaves coloniales y territorio marroquí. Las ciudades, que pertenecen a España desde mucho antes que Marruecos existiera, se ven amenazadas ante unas actuaciones españolas muy tibias frente a provocaciones marroquíes.
La monarquía española ha desempeñado un papel ambiguo. Los reyes españoles y marroquíes mantienen una relación de estrecha camaradería e, incluso, hermandad. Esta conexión ha servido para perpetuar la sumisión española más que para resolver los conflictos bilaterales. Además, el papel de Juan Carlos I en la entrega del Sahara para asegurar su trono pone de manifiesto cómo la monarquía ha priorizado sus intereses individuales por encima de la defensa de España.
Los gobiernos del PP, lejos de representar una alternativa, optaron por políticas de apaciguamiento, cediendo en cuestiones clave como con las aguas canarias. Marruecos, no contento con delimitar unilateralmente estas aguas, ha otorgado permisos a Israel para la exploración de recursos como tierras raras y petróleo en zonas de alto valor estratégico y económico. Estos ataques a la soberanía de las aguas españolas subrayan la hipocresía de Vox, partido que guarda un silencio complice en favor del régimen sionista al que abiertamente respalda.
El chantaje migratorio la herramienta más eficaz de Marruecos para subyugar a los gobiernos españoles. Rabat ha demostrado repetidamente su capacidad para abrir y cerrar el flujo de migrantes hacia Europa como una forma de presión para diferentes disputas. Esto pone en peligro la vida de miles de personas y expone la incapacidad de los gobiernos españoles para abordar el problema de manera estructural. En lugar de enfrentar el problema, el ejecutivo español ha recurrido a pagos multimillonarios que perpetúan la dependencia de Marruecos y agrandan su ejército.
En este contexto, los grandes medios de comunicación nacionales han desempeñado un papel cuestionable. La narrativa de estos suele minimizar las agresiones de Marruecos y justificar las concesiones españolas por una supuesta “estabilidad”. Esta situación periodística contribuye a un clima de resignación y desmovilización ciudadana frente a un problema que asalta directamente a la soberanía nacional española.
