En plena ola de datos sobre la pobreza infantil en España, una nueva licitación pública en Alcalá de Henares pone el foco en el desigual reparto de recursos públicos. El contrato, adjudicado recientemente y accesible en el portal oficial de contratación del Estado (expediente 2023/008/001/0016), destina más de 3,1 millones de euros únicamente para la alimentación de menos de 100 menores extranjeros no acompañados (MENAs) en un centro de acogida durante doce meses. El cálculo es claro: más de 35 euros al día por menor solo en comida.
Este dato contrasta duramente con las cifras que manejan miles de familias españolas en riesgo de exclusión social. Hasta 2022, la prestación por hijo a cargo era de 291 euros al año, es decir, 0,80 euros al día por niño. En los casos más graves, esa ayuda llegaba a 1.000 euros anuales, equivalentes a 2,7 euros diarios. Actualmente, muchas familias dependen del Ingreso Mínimo Vital, que en muchos casos no garantiza cobertura para todos los menores en pobreza, como han denunciado entidades como Save the Children o Cáritas.
El último informe de Save the Children sitúa en más de 2 millones los niños españoles en situación de pobreza o exclusión social. Sin embargo, las ayudas públicas que reciben siguen siendo simbólicas, irregulares y muchas veces condicionadas por burocracia o requisitos de acceso.
Frente a esto, los recursos destinados a los MENAs en centros tutelados se asignan mediante contratos públicos con presupuestos cerrados y garantizados. En el caso de Alcalá de Henares, la empresa adjudicataria percibirá más de 90.000 euros al mes por alimentar a un grupo de menores Tutelados.
El gasto por MENA –hasta diez veces superior al de un niño español en pobreza extrema–vuelve a abrir el debate sobre la equidad y los criterios de asignación del gasto social. Este contraste revela una brecha entre dos realidades: menores acogidos bajo protección internacional con asistencia completa, y niños españoles en riesgo social que apenas reciben unos euros al mes.
