Negras tormentas se ciernen sobre el sector del libro en Cataluña, a escasas semanas de la celebración de la tradicional Diada de Sant Jordi del 23 de abril. Recientemente, los medios de comunicación se hacían eco de un cambio sustancial en la gestión de las paradas de libros en el espacio público dentro del marco de la festividad: en esta edición las mismas se adjudicarán, en aquellas ubicaciones determinadas como profesionales, tras el pago de una novedosa tasa que oscilará entre los 96 y los 485 euros dependiendo de las dimensiones de la parada. La razón esgrimida por el Ayuntamiento, gobernado por el PSC de Jaume Collboni, es la de ayudar a cubrir parte de los gastos de la festividad estableciendo este polémico copago.

El anunció cayó como una bomba entre los pequeños profesionales de las librerías. Tras un inicial revuelo, decidieron organizarse y sacaron a la luz un manifiesto bajo el título «Queremos un Sant Jordi popular, no un recinto ferial neoliberal», en el cual denuncian que el establecimiento de tarifas tiene la voluntad de neutralizar su cuestionamiento por parte de los pequeños libreros y señalan lo que es un paso definitivo hacia la privatización de una festividad popular.

El Ayuntamiento ha acordado esta medida con la Cambra del Llibre, una organización gremial de carácter privado que solo representa a una parte del sector. Esto supondría una evidente desigualdad a dos niveles: por un lado entre gremiados y no gremiados, y por otro entre los diferentes barrios, privilegiando las ya mencionadas ubicaciones profesionales.

El manifiesto, que termina con la reivindicación de una celebración de Sant Jordi popular, la reversión de la medida, la anulación del copago y una gestión pública de la Diada, ha tenido un amplio eco en redes, y cuenta por el momento con el apoyo de un centenar de firmantes. Entre ellos figuran editoriales como Virus y Orciny Press, diversas organizaciones sociales, culturales y sindicales y distintas personalidades adheridas a título individual, cuya lista sigue creciendo.

Para entender mejor el contexto, es necesario conocer la dimensión que ha adquirido Sant Jordi en los últimos años. En la pasada edición de 2023 la Diada batió récords: se vendieron 1,87 millones de libros que supusieron 24 millones de euros de facturación, un crecimiento del 7% con respecto a 2022. Las imágenes de las principales calles y plazas de Barcelona a rebosar de gente abrieron los telediarios de diversos medios estatales, destacando la más que tradicional estampa de la rambla de Barcelona atestada de gente, libros y rosas. Una celebración popular en Cataluña con un tremendo potencial integrador que incluso por un día hace olvidar la crispación política y el conflicto nacional.

Ya en 2022 el Ayuntamiento de Barcelona, en aquella ocasión gobernado por los Comuns de Ada Colau, inició el proceso de privatización y externalización de la Diada cediendo al Gremi de Llibreters de Catalunya ―entidad perteneciente a la Cambra del Llibre― la gestión de los mencionados espacios profesionales, entre los cuales figuran las icónicas ramblas o el Paseo de Gracia, entre muchos otros. Un pistoletazo de salida a un proceso que se profundiza en la presente edición, situando a los pequeños comerciantes del sector en pie de guerra y que seguramente seguirá acrecentando la polémica a medida que se acerque la fecha.