Cada verano, España arde. Y cada verano, los discursos oficiales repiten el mismo estribillo: “hay más medios que nunca”, “los dispositivos están preparados”, “el presupuesto ha aumentado”. Pero la realidad en el terreno desmiente esas consignas triunfalistas. Los bosques y pueblos se enfrentan al fuego con bomberos mal pagados, cuadrillas incompletas y personal inexperto al que se le da un curso exprés antes de enviarlo a la primera línea de llamas.
Lo denuncian los propios sindicatos: tenemos a gente sin formación real, con jornadas de 14 o incluso 21 horas, cobrando sueldos de apenas 1.300 euros al mes, jugándose la vida en condiciones que rozan lo inhumano. Mientras tanto, los gobiernos autonómicos y el central se lanzan acusaciones cruzadas, escudándose en cifras abstractas y planes estratégicos que nunca se traducen en seguridad sobre el terreno.
La tragedia de los últimos días —con bomberos hospitalizados y voluntarios muertos— muestra lo que todos sabían y nadie quería reconocer: los incendios se combaten con medios profesionales y estables, no con improvisación y contratos basura. España necesita una estrategia nacional seria, con formación especializada, plantilla fija y recursos a la altura de una emergencia que cada año se repite con mayor virulencia.
Resulta insultante que mientras se destinan cientos de millones a sectores con fuerte rédito político o cultural, no haya una inversión decidida en los equipos humanos que sostienen, con su sudor y con su vida, la defensa del territorio. La precariedad no apaga incendios: los propaga.
El Gobierno podrá seguir hablando de modernización y eficacia, pero los hechos son tozudos. En España, quienes se enfrentan al fuego lo hacen con más vocación que medios, con más coraje que apoyo institucional. Y esa ecuación no solo es injusta: es una condena que cada año deja más hectáreas arrasadas y más vidas en riesgo.
Porque mientras los discursos oficiales venden seguridad, los bomberos forestales saben la verdad: España está ardiendo con brigadas de saldo.
