El Plan Cero Ocio, impulsado por el gobierno del Presidente Nayib Bukele, ha transformado el sistema penitenciario salvadoreño. El objetivo del plan es la reinserción social por medio de la participación de los reclusos en trabajos públicos que repercutan en el bien común.

La realización de servicios sociales es una forma de retribuir, parcialmente, el daño causado a la sociedad. Además logra suprimir 100% el ocio dentro de las prisiones, evitando los problemas dentro de las mismas que se daban en el pasado.

En origen el plan se inició con 147 presos en 2020. Con el paso de los años, el número de reclusos fue aumentando hasta llegar a un 40% de la población carcelaria. Todos aquellos que han cometido delitos graves como violaciones u homicidios, o los vinculados a las pandillas, están excluidos del plan.

Las tareas que realizan gracias al Plan de Cero Ocio son diversas: limpieza de playas, reparación de escuelas, sedes policiales y centros hospitalarios, labores de mantenimiento en parques nacionales, construcción de obras públicas, confección de uniformes escolares…

Sin embargo, no todos pueden participar en estos trabajos, puesto que tienen que gozar de un estatus de confianza dentro de las instituciones penitenciarias, superando evaluaciones de conducta y aptitudes. Los reos deben haber participado en cursos de formación profesional, ya sean de carpintería, albañilería, fontanería, mecánica, etc. La formación recibida en prisión también contribuye a que, una vez en libertad, puedan dedicarse a un oficio y desarrollarse profesionalmente. Pero lo más importante es que el plan permite reducir las condenas mediante el trabajo. 

Son múltiples los beneficios reportados por el Plan de Cero Ocio. En primer lugar, las cárceles ya no están controladas por las pandillas ni son focos de conflicto; en segundo lugar otorga formación profesional a los presos para su reinserción y les impone disciplina y buenos hábitos; en tercer lugar los reos contribuyen a reparar en parte los daños causados a la sociedad y realizan trabajos para el bien común; y en quinto lugar ha permitido al Estado salvadoreño ahorrar 56 millones de dólares. Los presos ya no son un peso muerto para la sociedad y contribuyen a mantener y desarrollar el país. 

Quedaron atrás los motines, el trafico de armas y drogas en las cárceles. Ahora es el Estado quien las controla y hace posible el cumplimiento de las condenas y la reinserción de los presos reinsertables.