El 31 de octubre de 2008, un enigmático personaje autodenominado Satoshi Nakamoto creó la primera moneda digital de la historia, el Bitcoin, basada en la tecnología blockchain. Desde aquel entonces el auge de las criptomonedas ha sido imparable y actualmente se calcula que existen más de 10.000 criptomonedas diferentes en todo el mundo. 

La creación del Bitcoin significó un cambio de paradigma en el dinero, pues se trata de una moneda descentralizada, en principio ajena al control de ningún gobierno, entidad supranacional, banco central o entidad bancaria, y que sirve  como refugio ante cualquier posible crisis bancaria, corralito, etc. La tecnología blockchain o “cadena de bloques”, es una forma de almacenar datos en red de forma descentralizada que presenta muchas ventajas: es totalmente trazable, muy segura (pues viaja encriptada), y prácticamente imposible de falsificar, además permite realizar transacciones más rápidas y baratas, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, estas monedas son conocidas por haber sido empleadas de forma notoria con fines especulativos.

Paradójicamente, las criptomonedas, tan valoradas por la seguridad, libertad e independencia financiera que aportan, han servido de inspiración a gobiernos y bancos centrales para crear las CBDC (Central Bank Digital Currency), monedas digitales emitidas por los bancos centrales de países u organizaciones supranacionales como el BCE (Banco Central Europeo), que permiten un control total de las transacciones efectuadas. Con el pretexto de que en el futuro el auge de las criptomonedas puede desestabilizar el sistema financiero y alegando que cada vez los usuarios emplean menos el dinero fiat, pues prefieren el pago con tarjeta, el BCE, la Reserva Federal, el Banco Popular de China y otros tantos bancos centrales llevan tiempo trabajando para crear sus propias CBDCs, también basadas en tecnología blockchain. 

El euro digital, moneda respaldada por el BCE, es a priori otra opción para mejorar el sistema de pagos en la zona Euro, y que servirá también para reforzar la soberanía monetaria y el papel internacional del euro, y fomentará la competencia en el sector de pagos. El dinero que tengamos depositado en el banco se podrá convertir en euros digitales, que podremos utilizar en cualquier pago en toda la zona euro empleando un teléfono o tarjeta, con o sin conexión a internet. Para almacenarlos necesitaremos un monedero electrónico creado por un banco o un intermediario público. Cualquier persona que habite en la zona euro podrá abrir una cuenta digital, incluidas las personas sin cuentas bancarias. Según manifiesta la UE en su página oficial, no existirá la obligación de utilizar el euro digital si no se desea, pues también se ha comprometido a garantizar que el dinero en efectivo siga siendo aceptado.

La puesta en circulación del euro digital no es inminente, pues quedan algunos años hasta que el Parlamento Europeo y el Consejo acuerden una propuesta de un marco para dicha moneda y el BCE se decida a emitirla.

Riesgos de las CBDCs

Si bien la UE trata de convencernos de las bondades de este proyecto, su implantación no está exenta de riesgos. Al contrario de lo que sucede con el dinero fiat, que circula libremente y de forma anónima entre pares, con la implantación del euro digital cada transacción quedará registrada en una gran base de datos totalmente rastreable. 

Según manifestó la presidenta del BCE, Christine Lagarde, «el euro digital se utilizará para controlar las personas y los pagos», comentario que evidencia la posición que ha tomado la UE respecto a este tema con el pretexto de luchar contra el fraude fiscal o el terrorismo. Los gobiernos de Europa y la propia UE podrían verse tentados a utilizar el euro digital como herramienta para controlar y/o reprimir a sus ciudadanos, pues tras su implementación, nuestros gobernantes podrán saber en qué gastamos nuestro dinero, dónde lo gastamos, intervenir en favor del consumo de ciertos productos que ellos califiquen de «sostenibles», impedir que compremos otros, detener cualquier pago e incluso confiscar nuestros fondos. Con cualquier excusa, como puede ser la lucha contra el cambio climático, el estado podrá restringir el consumo de carne o los viajes en avión, o con el pretexto de proteger tu salud, limitarte la compra de alcohol o de cigarrillos. 

Si necesitaran incentivar el consumo o modificar la inflación, tendrían la potestad de ponerle fecha de caducidad a nuestro dinero, o castigar a los ciudadanos críticos con su gestión bloqueándoles las cuentas. Esto no sería ninguna novedad, pues se recuerdan los sucesos de Canadá y el bloqueo masivo de cuentas a camioneros en huelga contra el Gobierno, o la suspensión de cuentas de PayPal a personalidades mediáticas críticas con la corriente política actual. También podríamos llegar a ver limitada la distancia a la que podemos desplazarnos, pues podrían bloquear nuestro dinero en caso de salir del perímetro establecido, ¿les suena el término «ciudades de 15 minutos» que contempla la agenda 2030? 

Puede ser que todo esto que aquí enumeramos nunca suceda, pero a tenor de la deriva dictatorial de nuestros gobernantes, el simple hecho de que dispongan de ese poder, resulta bastante aterrador. Quizá, a día de hoy estos supuestos puedan parecernos distópicos, pero si nos hubieran comentado hace unos años que el Gobierno de España limitaría los pagos en efectivo a 1000 euros o que nos encerrarían en casa aplicando un estado de alarma inconstitucional no lo hubiéramos creído.