Organizaciones No Gubernamentales como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Cruz Roja se han convertido en actores políticos clave del proyecto globalista del PP y PSOE. Aprovechando la excusa <<humanitaria>>, gestionan la entrada masiva de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo a cambio de millones de euros en fondos públicos, construyendo auténticas estructuras paralelas donde sus altos cargos se enriquecen, mientras predican el ideal de un mundo sin fronteras que beneficia a las élites económicas.
En el caso de CEAR, organización dedicada a la acogida de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo, ha recibido más de 226 millones de euros entre 2023 y lo que llevamos de 2025, según el analista Rubén Pulido. Estos fondos han servido, entre otras cosas, para organizar traslados masivos de inmigrantes desde Canarias a la Península y para criminalizar a 16 agentes de la Guardia Civil en mayo de 2021 por cumplir su deber en Ceuta frente a un asalto migratorio masivo desde Marruecos.
Cruz Roja, por su parte, ha hecho de la inmigración su principal negocio. Solo en 2022 y 2023 recibió 952 millones de euros, y en 2024 atendió a 83.279 inmigrantes, más que a ciudadanos españoles. Su papel en el entramado migratorio es clave, aunque cada vez más cuestionado popularmente por sus elevados sueldos directivos y por el desvío de recursos hacia los recién llegados.
Mientras tanto, los españoles sufren la precariedad, el encarecimiento de la vivienda y listas de espera eternas para acceder a servicios sociales. El mensaje es claro del bipartidismo: millones para la entrada, cero para el arraigo. Las mafias gestionan las rutas, las ONG la acogida, y el pueblo español paga la factura. Los asombroso de todo esto, es que este modelo no ha sido votado por nadie, pero lo financiamos todos los españoles, día a día, con nuestro trabajo. La sustitución demográfica ya no es una teoría: es una política de Estado disfrazada de ayuda humanitaria.
