Mucho se ha hablado y escrito sobre el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con presuntas prácticas corruptas vinculadas al PSOE. Sin embargo, pocos lo han leído con detenimiento. De hecho, la mayoría de la población probablemente no sepa distinguir con claridad entre el llamado caso Ábalos, el caso Koldo o el escándalo de los hidrocarburos. A pesar de sus 490 páginas —difíciles de abordar en su totalidad—, en este artículo (y quizá en posteriores entregas) trataremos de explicar su contenido de forma comprensible para que la ciudadanía conozca qué ha revelado realmente la investigación.
Una fecha clave es el 20 de febrero de 2024. Ese día, la Audiencia Nacional ejecutó varias actuaciones judiciales por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Se detuvo a 14 personas, se investigó a otras 10 y se realizaron 26 registros. A raíz de las pruebas recabadas, se identificó la posible implicación de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en hechos ocurridos entre 2018 y 2021.
El origen de la relación
Según el propio Santos Cerdán, fue él quien presentó a Koldo y Ábalos, con la intención de que Koldo trabajase como chófer del entonces secretario de Organización del PSOE, en 2017. Ambos, Koldo y Cerdán, ya se conocían de la etapa política de este último en Navarra. Como recoge el informe: “(Santos) formó parte del Parlamento de Navarra desde 2014 hasta 2017. Ese año fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE y se trasladó a Madrid junto con Koldo”.
En junio de 2018, Ábalos fue nombrado ministro de Fomento (posteriormente MITMA). A partir de entonces, Koldo pasó a ocupar el cargo de asesor personal del ministro. La investigación revela que su labor de asesoría incluyó, entre otras, la intervención en contratos de material sanitario, el rescate de Air Europa, la búsqueda de empleos y el pago del alquiler de una vivienda para dos personas de su entorno, Jéssica y Claudia.
Lo que comenzó como una relación de confianza profesional evolucionó, según la UCO, hacia una estructura orientada a facilitar adjudicaciones desde el entorno del ministerio. Los audios intervenidos indican que Cerdán habría promovido la cercanía entre Koldo y Ábalos con el objetivo de obtener acceso privilegiado a contratos públicos.
Grabaciones clave y protagonistas
El informe se sustenta, en gran medida, en grabaciones realizadas por el propio Koldo García, donde se detallan supuestos pagos irregulares relacionados con contratos públicos, especialmente mediante Acciona. En dichas grabaciones, Koldo señala explícitamente a Santos Cerdán como figura clave en la operativa. No es menor el hecho de que fuese él mismo quien grabara y aportara el material que dio origen al informe.
Entre los protagonistas clave aparece Víctor de Aldama, empresario vinculado a adjudicaciones de obra pública, quien habría entregado 15.000 euros en efectivo a Cerdán para resolver un conflicto territorial relacionado con contratos. Según la investigación, Aldama habría pagado 10.000 euros mensuales a Koldo entre octubre de 2019 y septiembre de 2022, a cambio de acceso a información y favores relacionados con el MITMA y el propio Ábalos.
En su declaración ante la Audiencia Nacional (21 de noviembre de 2024), Aldama reconoció que en varias ocasiones presenció cómo el dinero que entregaba a Koldo era compartido con el entonces ministro. Paralelamente, tanto Ábalos como Koldo habrían iniciado una vía propia con otras empresas como LIC y OPR, al margen de Acciona, lo que habría provocado las recriminaciones de Cerdán, quien, sin embargo, no reprobó esas contraprestaciones, sino que se ofreció a gestionarlas personalmente.
Aunque Ábalos dejó su cargo ministerial en 2022, los pagos habrían continuado durante al menos ocho meses. Esto sugiere que tanto él como Koldo mantenían capacidad de influencia suficiente como para justificar el pago de una especie de “nómina” mensual. Además de Acciona, el informe vincula también a las empresas OPR y LIC con adjudicaciones presuntamente irregulares.
Mecanismo de manipulación en las licitaciones
Con la llegada del PSOE al Gobierno, Ábalos fue nombrado ministro y designó a su equipo de confianza: Sergio Vázquez Torrón (jefe de gabinete), Pedro Saura (secretario de Estado), Javier Herrero Lizano (director general de Carreteras) e Isabel Pardo de Vera (presidenta de ADIF). Koldo fue formalmente nombrado asesor.
El sistema de adjudicación supuestamente permitía que las empresas que ofrecían contraprestaciones resultaran beneficiadas. Los concursos públicos se resolvían por puntuación: si bien el precio era determinante, las ofertas “anormalmente bajas” podían quedar fuera. Según la investigación, Koldo instruía a las empresas para presentar propuestas económicas que evitaran ser descalificadas, mientras que la valoración técnica —clave para subir la puntuación total— era realizada por personal del ministerio y no por expertos externos, como exige la normativa en ciertos casos. Esto habría permitido beneficiar de forma artificial a empresas como Acciona, OPR o LIC.
CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS
El informe detalla los presuntos beneficios que Ábalos, Aldama y Koldo habrían recibido a cambio de adjudicaciones. Las pruebas incluyen grabaciones, mensajes y dispositivos electrónicos incautados. Se constata, además, que esta red de favores se habría extendido incluso a la etapa previa a que Koldo entrase en el Ministerio.
a. Antes del Ministerio: el caso Bar Franky. Según la UCO, Koldo ya habría canalizado fondos hacia su entorno antes de ocupar un cargo público. El Bar Franky, un local con alta circulación de efectivo, aparece como epicentro de una supuesta red de facturación falsa: emitía facturas ficticias a Acciona, que luego transfería los pagos. El dinero era retirado en efectivo por los propietarios del bar —Francisco Javier Lorente Rodríguez y Miguel Moreno Purroy— y entregado a Koldo. Los documentos intervenidos indican que los servicios nunca se prestaron realmente.
b. Servinabar S.L. y Noran Coop. También se investigan pagos a Koldo por parte de empresas relacionadas con el proyecto Mina Muga, en Navarra, como Servinabar S.L. y Noran Coop. Entre 2016 y 2023, Servinabar transfirió 360.165 euros a Noran Coop, de los cuales 177.000 fueron a parar a Antxón. Pese a que Koldo y Antxón eran socios al 50 %, Koldo solo recibió oficialmente una pequeña parte, aunque sí consta el cobro de cinco pagos directos adicionales.
Según la Guardia Civil, estas transferencias encubrirían retribuciones por favores relacionados con adjudicaciones. En anotaciones incautadas, Koldo habría reclamado pagos por sus gestiones. Una conversación de noviembre de 2023, recogida en el informe, añade otra pieza: en ella, Koldo afirma que Santos también habría recibido dinero de Antxón:
“Santos se ha quedado con dinero, lo ha hecho delante de mí \[…] Puedo contarte mil cosas: billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa (Antxón), y mil cosas más”.
La UCO concluye que Santos gestionó directamente las transferencias de Servinabar y ejerció un rol de control sobre ambas empresas. En conjunto, habría sido un intermediario clave en la distribución de fondos opacos en los años previos a la entrada de Koldo en el Ministerio.
Este artículo solo representa una parte del extenso entramado que la UCO ha documentado en su informe. Existen muchos otros casos, nombres y operaciones que no se han abordado aquí y que merecen ser analizados con el mismo rigor. En próximos artículos, continuaremos desgranando estos elementos para ofrecer una visión más completa de lo que realmente ha sucedido.
