Los mayores defensores de nuestra democracia siempre han hablado y recalcado que para que nuestro país tenga «la mayor calidad democrática» posible se debe priorizar la separación de los tres poderes existentes dentro de un país democrático; el judicial, el ejecutivo y el legislativo. La realidad dentro de nuestro país, y de muchos que se autodenominan como las mayores democracias existentes, es bien diferente a la teoría.
La situación actual en este aspecto es muy grave. Si bien durante este último gobierno se ha dado un salto cualitativo en este aspecto, durante los últimos gobiernos se inició una política destinada al control de la Fiscalía y de todo el apartado judicial con tal de favorecer políticamente al partido que estuviese en el gobierno y de protegerse judicialmente cuando el mismo acabase. Este afán por proteger a la clase política no puede tener una más fácil explicación; una corrupción sistemática dentro de las estructuras del estado, del poder y del propio sistema político.
Decenas de casos de corrupción, tráfico de influencias o concesiones públicas hechas a dedo nos muestran cómo de fácil es salir indemne en nuestro país. En caso de delinquir, si se tienen contactos y un partido político detrás, no se duda en utilizar todo tipo de métodos mafiosos para poder defender a sus gánsteres. Por poner algunos de los ejemplos más sonados durante los últimos años podemos destacar el caso Gürtel, los ERE de Andalucía o mismamente los últimos casos de corrupción del gobierno de Sánchez que afectan, nada más y nada menos, a su esposa, su hermano, sus dos últimos secretarios de organización o al mismo Fiscal General del Estado, uno de los máximos exponentes del ámbito judicial en nuestro país, y el responsable de que en España se persiga la corrupción.
El caso de la Gürtel fue uno de los casos más sonados durante el gobierno del Partido Popular. De hecho, el caso de corrupción precipitó la caída del gobierno de Mariano Rajoy, lo que supuso una moción de censura que acabaría con Sánchez como presidente del gobierno. Uno de los hombres clave dentro de la trama fue Francisco Correa, quien había establecido un conglomerado de 23 empresas nutrido por fondos de entidades públicas locales. Los sobornos permitían también evitar prohibiciones legales en términos urbanísticos o ambientales, con el que conseguían financiar campañas electorales del PP. La existencia de una «Caja B del PP» evidenció que los populares llevaban usando durante varios años una forma paralela de financiación. Algunos de los acusados cumplieron penas de cárcel, como fue el caso del tesorero del Partido Popular durante esos años, Bárcenas, o el ya mencionado Correa. Más allá de pasar tan solo una ínfima parte de sus condenas en la cárcel, este ejemplo no muestra que ser deshonesto en política sale barato. De este caso también destaca la extraña lista de fallecidos durante el proceso judicial, siendo de hasta 14 muertes de los implicados, algunas de ellas con un final como mínimo misterioso. Algunas de estas muertes fueron las de Miguel Blesa o Rita Barberá. El primero de ellos se suicidó con una escopeta, mientras que la líder valenciana tenía una enfermedad crónica además de una insuficiencia renal, lo que produjo su muerte después de declarar en el Tribunal Supremo dos días antes.
El caso de los ERE de Andalucía también supuso uno de los mayores escándalos en cuanto a corrupción de nuestra democracia. Durante los años en los que se centró la investigación se llegó a demostrar que multitud de cargos del PSOE andaluz dilapidaron dinero público destinado en ayuda a los parados de la comunidad autónoma andaluza, llegando a estimarse un fraude económico de hasta 600 millones de euros. Chaves y Griñán destacaron por ser las figuras principales en este caso de corrupción. Hace unos escasos meses se confirmaba su indulto político. Una vez más se demostraba que la justicia en España no es igual para todos, especialmente si quien es acusado tiene recursos económicos suficientes para eludir la cárcel. Para vergüenza de nuestra historia política lo esperado fue lo obvio, y ambos procesados por los ERE de Andalucía fueron aplaudidos y recibidos con honores durante el último congreso del PSOE.
Finalmente, llegamos al momento actual, donde el intento de Sánchez por apoderarse del poder judicial no tiene frenos. Hace unos escasos día se aprobaba la conocida como «la ley Bolaños», impulsada por el Gobierno y con la intención de facilitar el acceso a las carreras judicial y fiscal. ERC, Junts, EH Bildu o PNV han sido los partidos que han ayudado a que la ley haya salido adelante. La aprobación de dicha ley ha supuesto una oleada de críticas por parte de la oposición y de distintos jueces y fiscales manifestándose en las puertas de sedes judiciales con tal de poner fin a esta ley, considerada por muchos de ellos como un ataque a la justicia y a la separación de poderes.
El intento de control no acaba ahí, pues el fiscal general del estado, afín al gobierno, está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Fue procesado por un delito de revelación de secretos, al filtrar datos de la investigación por fraude que se sigue en la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Lejos de retractarse y dimitir se reafirmó en su puesto, afirmando que si ahora abandona el barco dejaría una difícil herencia que gestionar a su sucesor: «si yo no permaneciera en el puesto, quien me fuera a sustituir, el fiscal general iba a ser una persona débil, muy débil, y necesitamos una Fiscalía fuerte y potente».
Este caso ha venido acompañado por las polémicas con «la fontanera del PSOE», Leire Díez, encargada de hacer el trabajo sucio de los socialistas y que fue descubierta tras unos audios filtrados. Junto con su polémica ha saltado la de Santos Cerdán, implicado en una trama de corrupción junto con José Luís Ábalos y Koldo García. Pese a estas polémicas y la evidente corrupción cercana a Pedro Sánchez, éste descartó dimitir y convocar elecciones, con la mirada puesta en agotar la legislatura hasta 2027 y volver a presentarse para ir a por una hipotética 3º legislatura. Mención aparte merecen los casos del hermano de Sánchez y su mujer, que están en sendos procesos judiciales a la espera de su resolución, pero que en cualquier caso no parece que vayan a tumbar a un gobierno que está infestado de casos de corrupción. La corrupción se ha convertido en un mal sistémico y ningún partido del arco parlamentario hace nada con acabar con ella.
