Las seis universidades públicas de Madrid se encuentran al borde del colapso económico. Así lo han denunciado sus rectores en una contundente carta abierta dirigida a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Este documento, respaldado por los consejeros de gobierno de todas las instituciones educativas afectadas, expone una situación insostenible: recortes continuos, infrafinanciación y una falta de voluntad política que amenaza el futuro de la educación superior pública en la región.

La universidad pública no solo es un pilar de desarrollo académico y científico, sino también un bastión en la lucha contra la desigualdad. Es el único medio que garantiza que jóvenes de todas las clases sociales puedan acceder a una formación superior de calidad, sin depender de los bolsillos de sus familias. Sin embargo, Madrid, la comunidad autónoma más rica del país, es paradójicamente la que menos invierte en educación universitaria pública.

Según los datos más recientes, la Comunidad destina un 21% menos por estudiante que la media nacional. Este dato es especialmente llamativo cuando se compara con su renta per cápita, un 36,5% superior a la media española. Este contraste no es casualidad: responde a una estrategia política deliberada que tiene como objetivo el desmantelamiento del sistema público en favor de intereses privados.

Desde hace más de una década, las políticas del Partido Popular han minado los cimientos de las universidades públicas madrileñas. Los recortes han llevado a que cinco de las seis instituciones estén en números rojos o cerca de caer en ellos. En el caso de la Complutense, las restricciones presupuestarias han obligado a sus facultades a reducir un 30% sus gastos. Un hecho que está comprometiendo seriamente la calidad educativa y las condiciones laborales del personal docente y administrativo.

Los rectores han sido claros: para mantener las puestas abiertas cada mañana, las universidades necesitan al menos 200 millones de euros adicionales. Sin embargo, el proyecto presupuestario presentado por el gobierno de Ayuso apenas incrementa la subvención en 9,4 millones, una cifra que no cubre ni las nóminas del personal.

Esto no es un descuido, es una decisión política. El modelo es evidente: al igual que en el caso de la sanidad pública, el Partido Popular utiliza la infrafinanciación como herramienta para desprestigiar el sistema, deteriorarlo y empujar a las familias hacia alternativas privadas. Madrid cuenta ya con 13 universidades privadas y tiene en marcha otros cuatro proyectos, pese a que informes oficiales desaconseja esta expansión.
La trampa de la ‘libertad’.

Ayuso, como buena representante del neoliberalismo más agresivo, defiende su modelo educativo bajo el paraguas de la «libertad». Sin embargo, su versión de la libertad es un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Los madrileños que optan por la educación pública no solo se ven obligados a soportar tasas universitarias entre las más altas de España, sino que además tienen que lidiar con instalaciones en mal estado, programas que no reciben actualización y una oferta académica limitada por los recortes.

Hace dos semanas, la presidenta regional acusó a la izquierda de haber «colonizado la universidad pública» en un debate en la Asamblea de Madrid. Estas declaraciones no solo son un ataque directo a los rectores, que han demostrado su independencia al levantar la voz contra la desidia de su gobierno, sino que forman parte de una estrategia de desprestigio que busca justificar el abandono del sistema público.

La realidad es que, lejos de ser centros de adoctrinamiento, las universidades públicas madrileñas son faros de conocimiento, innovación y equidad social. Su deterioro no solo afecta a los estudiantes y trabajadores, sino a toda la sociedad.
La universidad es un motor económico y un espacio donde se genera conocimiento fundamental para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio tecnológico y científico.

El comunicado conjunto de los rectores es un gesto sin precedentes que muestra la gravedad del problema. Al denunciar la insuficiencia presupuestaria, exigen que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad en la financiación de las universidades públicas. Este llamamiento no es una simple queja, es una advertencia de las consecuencias catastróficas de seguir por este camino.

Ayuso tiene todavía la oportunidad de rectificar. Puede enmendar los presupuestos en su tramitación en la Asamblea autonómica y garantizar los recursos necesarios para evitar el colapso del sistema.

Madrid no necesita más universidades privadas. Lo que necesita es un modelo educativo que priorice la inversión en lo público, garantice la igualdad de oportunidades y reconozca la educación superior como un derecho, no como un lujo. Esto implica no solo aumentar la financiación, sino también reducir las tasas universitarias. También mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, y dotar a las universidades de los recursos necesarios para mantenerse a la vanguardia de la investigación y la innovación.