Todos coincidimos en que la violencia contra la mujer es una lacra contra la que hay que luchar. Por todos es conocido que, para intentar erradicarla, el Gobierno dedica una gran cantidad de recursos públicos. Muy diferente es el trato que reciben otras “variantes” de violencia dentro de la pareja, como la violencia de mujer a hombre o entre personas del mismo sexo, que son igual de execrables. Sin embargo, reciben un trato legislativo y mediático muy desigual. Otro asunto muy relacionado y del que nadie se atreve a hablar, es el relacionado con las denuncias falsas de violencia de género. Problemática que afecta a numerosos hombres en nuestro país, que ven sus vidas destruidas y que en algunos casos terminan suicidándose.
Cada año la fiscalía publica su memoria fiscal, que siempre habla de la violencia de género y hace hincapié en la ridícula cifra de denuncias falsas que se producen en este tipo de delitos. Por poner un ejemplo, un 0.0079 % en 2020, dato muy difícil de creer atendiendo a que la mayoría de la gente tienen en su entorno algún familiar, amigo, conocido, o cuando no él mismo afectado por dicho problema.
¿Cómo se contabilizan las denuncias falsas?
Para empezar, los datos de la fiscalía no proceden del total de las denuncias de violencia de género anuales. Para no presentar unas cifras que alarmen a la sociedad y pongan en entredicho el sistema judicial y las leyes de violencia de género, la estadística sólo refleja las denuncias firmes que se hayan podido probar. Únicamente son investigadas las retiradas de acusación que, en el acto del juicio oral, una vez practicada la prueba, se llevan a cabo por el ministerio fiscal (en 2020, con 150.785 denuncias de violencia de género, la Fiscalía solo investigó 16 denuncias). Dicho Ministerio sólo retira la acusación en los casos en que no cabe ninguna duda de que los hechos no sucedieron, o que el acusado no fue el autor (estos casos, dado que la mayoría de delitos de violencia de género ocurren en la intimidad del hogar, son una minoría).
Tampoco se cuantifican las denuncias que no llegan a juicio por su escaso sustento, aproximadamente el 70 %, muchas por falta de pruebas y otras por ser directamente falsas. Para justificar estos datos, el juez progresista Joaquín Bosch manifestó en La Sexta que esta cifra se debe a que la mayor parte de las ocasiones se produce una retirada de la denuncia por parte de la mujer, no se presenta al juicio, o pide que se acabe con la medida de alejamiento por querer volver con el denunciado. Una información claramente sesgada, pues sólo un pequeño tanto por ciento de los archivos y absoluciones lo son por esta causa (por poner un ejemplo, un 15% en 2017).
Tengamos en cuenta que la simple declaración de la mujer, cumpliendo ciertos requisitos (ausencia de trastornos mentales, falta de motivación ilegítima, que su historia no sea vaga, ni inverosímil, ni vaya cambiando en sus aspectos esenciales, y que aporte elementos de corroboración allí donde por lógica debería poder hacerlo) viene constituyéndose en prueba de cargo fundamental (en el 33% de los casos es el motivo único de la condena del acusado), tal y como manifiesta el CGPJ en su informe sobre la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Genero por las Audiencias Provinciales.
Queda patente que en el resto de absoluciones y archivos dichos requisitos no se cumplen. No interesa tener en cuenta dichas cifras, pues de investigarse muchas de las denuncias archivadas o que terminan en absolución pasarían a engrosar la estadística de denuncias falsas.
Otras informaciones que desmienten estos datos son noticias de diversas mafias organizadas que se beneficiaban regularizando a mujeres inmigrantes a través de denuncias falsas, cuyas cifras tampoco han quedado reflejadas en los datos de la Fiscalía por no haber llegado a juicio al resultar evidentemente falsas, así como tantos otros casos particulares que la Policía detecta durante la fase de instrucción.
Por otra parte, que la Fiscalía retire la denuncia de denuncia falsa únicamente en los casos más flagrantes vulnera la presunción de inocencia del acusado, que en otro tipo de delitos su inocencia no ha de ser demostrada, pues lo que se ha de demostrar es su culpabilidad. Así lo especifica el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad.”
Los principales motivos por los que las denuncias falsas por violencia de género no son perseguidas son los siguientes: el colapso que sufre la justicia en nuestro país, la escasez de denuncias de hombres afectados, y lo que es más preocupante: perseguir este delito se considera políticamente incorrecto, lo que ocasiona que algunos jueces y fiscales no actúen por temor a la presión mediática o por las consecuencias que pueda acarrearles.
¿Qué derechos tiene una mujer que denuncia por violencia de género?
Una mujer que denuncia por violencia de género tiene derecho a asistencia jurídica gratuita (con independencia de la existencia de recursos para litigar), diversos derechos laborales, que de otra forma no tendría; la guardia y custodia de sus hijos, el usufructo de la vivienda, una pensión de alimentos, la nacionalidad o papeles para residir legalmente en España (si se trata de una inmigrante), y si carece de recursos, le facilitan una vivienda de acogida o ayudas económicas. Ayudas que, incluso demostrándose que se trata de una denuncia es falsa, no tendría que devolver. No hay que ser muy avispado para concluir que la obtención de alguno de estos derechos puede incentivar a algunas mujeres a denunciar falsamente.
¿Por qué motivo los hombres afectados no denuncian a sus exparejas?
Un hombre acusado de violencia de género es detenido, privado de su vivienda y en ocasiones de ver a sus hijos. Su situación económica empeora por verse obligado a buscar un nuevo domicilio, ya que el proceso judicial es largo y costoso. Meterse en un nuevo proceso judicial supone una escalada en el conflicto y un desembolso económico mayor que muchos hombres no se pueden permitir. Esta ausencia de denuncias por parte de los afectados evita que se dicten más sentencias condenatorias por denuncia falsa.
¿A quién beneficia el sistema que se aplica para contabilizar denuncias falsas?
“La Fiscalía depende del Gobierno” sentenció recientemente el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) durante una entrevista. Resulta evidente que la información sesgada que ofrece la Fiscalía beneficia claramente al consistorio que él representa, pues dicha información es utilizada para contrarrestar las voces críticas con las leyes de violencia de género. Leyes que discriminan y criminalizan al hombre y justifican la existencia de un Ministerio de Igualdad muy criticado por su dudosa eficacia, y que da trabajo a multitud de políticos y asesores que cobran salarios estratosféricos.
