A pesar del Escudo Social y de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, el número de desahucios en España mantiene cifras alarmantes. Y este dato siempre se ha asociado a problemas económicos y sociales. En el primer trimestre de 2024 los desahucios se incrementaron un 12,8% y en el segundo trimestre un 7,84%, en ambos casos con respecto al mismo periodo de 2023. Estos datos han sido publicados en el estudio «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En los tres primeros tres trimestres de 2024 hubo 20.581 desahucios. En comparación con los tres primeros trimestres de 2023 son 1.249 desahucios más. En el año 2023 hubo 26.659, en 2022 hubo 38.266 y en 2021, 41.359. Tras algunos años en descenso, la tendencia vuelve a ser ascendente.

El Gobierno español prorrogó la moratoria sobre desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad social sin alternativa habitacional. Esta medida, recogida en el Real Decreto-Ley 11/2020, establece criterios específicos para considerar a una unidad familiar como vulnerable y, por ende, susceptible de beneficiarse de la protección frente al desalojo. Los principales supuestos son:

1. Pérdida de ingresos: Se considera vulnerable a la persona obligada a pagar el alquiler si ha pasado a estar en situación de desempleo, se encuentra bajo un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), ha visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados (hijos, mayores, dependientes) o si, como autónomo, ha experimentado una disminución significativa de sus ingresos. Además, los ingresos mensuales de la unidad familiar no deben superar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM (1.800 euros aprox.), ampliable en caso de cuidar a menores o personas dependientes.
2. Carga económica insostenible: Se considera también vulnerable a aquella unidad familiar en la que la renta del alquiler, sumada a los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, telefonía, comunidad, etc.), represente un 35% o más de los ingresos netos familiares.

A pesar de estas medidas, el mero reconocimiento de la vulnerabilidad no siempre garantiza que las familias puedan conservar su vivienda. La presión económica derivada del encarecimiento del coste de vida, agravada por un aumento sostenido de los alquileres que se han incrementado un 11,5% solo en el último año, pone a muchas familias al borde del abismo. Esto se suma a dos años consecutivos de subidas de precios, reflejando una tendencia que no muestra señales de revertirse.

Según datos recientes, los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la demanda de vivienda supera ampliamente la oferta y los precios del alquiler alcanzan máximos históricos.