Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, posee dos sociedades (Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad) que gestiona junto a su pareja, Elisabeth García, asesora del PSOE en el Senado en la pasada legislatura. Al parecer, a través de estas sociedades habrían conseguido al menos 64 contratos para la gestión de Puntos Violeta y otras actividades relacionadas con la igualdad y el feminismo de ayuntamientos del PSOE.

Los Puntos Violeta son centros promovidos por el ministerio de Igualdad, del que Isabel García es alto cargo, para el asesoramiento y denuncia de casos de violencia de género y agresiones sexuales.

La mayoría son contratos menores de adjudicación directa que no requieren concurso, pero, como por ejemplo en el caso de dos adjudicaciones del ayuntamiento de San Fernando de Henares, también se amañaron contratos.

El modus operandi en este caso era presentar al concurso de las licitaciones ofertas prácticamente iguales de dos empresas (una de ellas, una empresa sin actividad) y otra oferta sensiblemente más baja.

Ninguna de las empresas de Isabel García y su pareja tiene trabajadores dados de alta, ya que las actividades que organizan se llevan a cabo con voluntariado.

Para cumplir la ley de altos cargos, Isabel García vendió su participación en las empresas implicadas a su pareja, quedándose ella con un 10%. Esta venta se produjo a principios de marzo de 2024, es decir, dos meses después de su nombramiento en diciembre de 2023. Además, en los contratos figuran datos como su email personal.

Isabel García, al ser preguntada por estos hechos, reconoce que es su email el que aparece en los contratos, pero que se debe a «un error administrativo». Así mismo, ha declarado: «Mi mujer tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer».