El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zonas afectadas por emergencias en 37 provincias de 16 comunidades autónomas (todas salvo País Vasco, Ceuta y Melilla) tras los incendios, riadas y tormentas de este verano.
La medida permite activar compensaciones económicas y fiscales: hasta 18.000 euros por fallecimiento, 15.120 euros por vivienda destruida, así como ayudas por daños en explotaciones agrícolas, beneficios fiscales para empresas y apoyo laboral a los afectados. También se contemplan fondos para reparar infraestructuras públicas y reforzar los servicios de emergencia.
En paralelo, el Ejecutivo anunció la creación de una comisión interministerial para preparar un Pacto de Estado contra la emergencia climática, pero dicho acuerdo aún no cuenta con propuestas concretas ni calendario definido.
Con esta decisión, el Gobierno responde a la emergencia inmediata de las catástrofes, pero persiste la incógnita sobre cómo se articulará una estrategia nacional a medio y largo plazo frente a los efectos del cambio climático.
